Una empresa financiera solicitó a la jueza Yanibet Rivas que ordenara al Ministerio Público la devolución de varios vehículos que le fueron incautados a Raúl Alejandro Girón, uno de los imputados en el caso Coral.
Los representantes de la financiera alegaron que aunque los vehículos estaban a nombre del imputado, son propiedad de la compañía.
Sin embargo, la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional rechazó esta solicitud.
Al salir de la audiencia, la coordinadora de Litigación a Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que estos bienes deben mantenerse incautados debido a que están ligados al caso de corrupción que sigue su curso en los tribunales.
“Las juezas entendió que ciertos bienes que han sido incautados por el Ministerio Público no pueden ser devueltos a quienes alegan tener calidad para reclamar la posición de los mismos porque son bienes que se encuentran ligados a este entramo de corrupción y que están sujetos por parte al decomiso del Ministerio Público”, sostuvo.
“El resultado deberá esperar al proceso, a la audiencia preliminar del juicio donde el Ministerio Público determinará que efectivamente estos bienes tiene que quedar en favor y provecho del Estado dominicano”, agregó la fiscal.
En la audiencia, la jueza Rivas también tenía previsto conocer dos solicitudes más sobre devolución de bienes relacionados al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); y a una persona que no está acusada, pero tiene un bien en conjunto con uno de los imputados.
Característica de entramado
La Pepca acusó a 30 personas y 18 empresas como parte de la red Coral. Les imputa lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, y porte y tenencia ilegal de armas.
Establece que el “entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones graves”. La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Los acusados son Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torre Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Rafael Nuñez de Aza, Raúl Alejandro Jirón Jiménez, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Mata Flores, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán y Miguel Ventura Pichardo. También Rossy Maybelline Guzmán (La Pastora), Tanner Flete, Erasmo Roger Pérez Núñez, Kelman Santana Martínez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez, Rosa Antonia Disla, Esmeralda Ortega Polanco, Alejandro Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, y Lucía de los Santos Viola. Además Manuel de Jesús Alba Solano, Elija María Trinidad Santiago, Manuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Pedro Roberto Castillo Castillo Nolasco, Rosa Antonia Disla, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Erick Daniel Pereira, Santiago Antonio Suárez Peguero y Guillermo de Jesús Torres Robiou.
