La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para este lunes el conocimiento de la medida de coerción contra diez personas involucradas en una estructura de corrupción administrativa compuesta por militares y civiles.
La magistrada fijó la audiencia para las 2:00 de la tarde, con el fin de dar oportunidad a los abogados de los imputados para preparar su defensa y gestionar el presupuesto necesario.
Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), acompañada del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que están listos para conocer la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo.
Ortiz detalló que la instancia de medida de coerción consta de 450 páginas, además de decenas de pruebas testimoniales, documentales y materiales.
El grupo está acusado de valerse de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, todos del Ejército. También se incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, así como al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal. El Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo.
Según la acusación, los militares y civiles implicados violaron la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06). Las acciones fraudulentas afectaron a instituciones que atienden necesidades de poblaciones vulnerables, como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), o servicios básicos y estratégicos para el desarrollo social y económico, como las empresas distribuidoras de electricidad.
Además del Inaipi, los imputados afectaron al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
La investigación del Ministerio Público se inició a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
