Un tribunal brasileño de segunda instancia rechazó hoy la petición del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para que se declarara inocente a su fallecida esposa, Marisa Leticia, en uno de los procesos por corrupción en que ella figuraba como imputada a su lado.
El juez de primera instancia responsable por el caso decidió declarar extinto el proceso contra la ex primera dama tras su muerte, en febrero pasado, pero la defensa de Lula quería que el magistrado la absolviera antes de archivar el caso.
Los magistrados de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región concluyeron por unanimidad que el juez no tenía que declarar a la acusada ni inocente ni culpable antes de dar por archivado el proceso, como exigía la defensa de Lula.
“El magistrado hizo lo que tenía que hacer. Cuando el reo muere, se extingue la posibilidad de que sea sancionado. El Estado no puede juzgar a quien falleció, incluso porque no tiene posibilidad de sancionarlo”, alegó el magistrado Leandro Paulsen, que fue el instructor del caso en segunda instancia.
“Esa persona no fue y no puede ser juzgada. Si no fue y no puede ser juzgada, no puede ser absuelta”, dijo por su parte el magistrado Víctor Laus, uno de los tres miembros de la sala que juzgó el caso y decano del tribunal.
La defensa de Lula exigía que la exprimera dama fuese declarada inocente para reparar los supuestos prejuicios morales que sufrió al ser incluida en el proceso como acusada.
“La inocencia de Marisa Leticia tiene que ser reconocida incluso tras su muerte. Ella fue sometida, aún en vida, a la humillación provocada por la investigación, especialmente por la divulgación de transcripciones de conversaciones telefónicas íntimas que tuvo con sus familiares (grabadas con autorización judicial), lo que generó ante la opinión pública una imagen incompatible con la garantía de su presunción de inocencia”, alegó el abogado de Lula, Cristiano Zanin, en el recurso que elevó ante el tribunal.
El proceso en cuestión fue el mismo en que el expresidente fue condenado a nueve años y medio de prisión por recibir sobornos de una constructora favorecida ilegalmente con contratos adjudicados por la petrolera estatal Petrobras durante el Gobierno de Lula.
Los propietarios de la constructora OAS, beneficiada por los recursos de la estatal, admitieron que, a cambio de los contratos irregulares, le ofrecieron a Lula la propiedad de un apartamento de tres pisos en el balneario de Guarujá que Marisa Leticia había comenzado a pagar por cuotas pese a que la entonces primera dama suspendió los pagos con el argumento de que ya no estaba interesada en el inmueble.
La esposa de Lula fue acusada en dicho proceso del delito de lavado de dinero, pero no llegó a ser juzgada debido a que murió el 3 de febrero pasado.
