Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 6 días de agosto del 2014.- El Tribunal Superior Administrativo, fijó para este viernes 8 de agosto a las 9 de la mañana, el conocimiento de la Acción de Amparo elevado por la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, ASODECU, Fundación Justicia y Transparencia, FJT y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, CADOLEC, contra la Dirección General de Aduanas y su Director, por el anuncio de cobro de impuesto a las compras menores de 200 dólares que se realizan por internet.
La Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, ASODECU, Fundación Justicia y Transparencia, FJT y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, CADOLEC, elevaron el pasado lunes 4 del corriente mes la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, por el anuncio de que a partir del 15 de agosto, las compras menores de 200 dólares se le aplicaría un impuesto.
Felipe Herrera, Presidente de ASODECU, condenó la irracionalidad e imprudencia de la medida anunciada por el Director de Aduanas, desconociendo la autoridad del Poder Ejecutivo y usurpando funciones del Congreso Nacional, y de paso cargando a amplios sectores del país con más y más impuestos.
El amparo depositado se fundamenta en la amenaza e inminencia de diversas violaciones, evidenciadas en las pretensiones del director de aduanas cuando anunciara y reiterara a los medios de comunicación su decisión de gravar con impuestos ilegales todas las compras generada vía el comercio electrónico, independientemente del valor envuelto en la operación; Las entidades también alegan como sustento de la referida acción la inminente violación de varios instrumentos legales, entre lo que citamos, el Decreto 402-05 de fecha 26 de julio de 2005, la Ley 277-12, la Ley 358-05, sobre derechos del consumidor o usuario, los Arts. 93, numeral 1 letra a) y 53 de la Constitución Dominicana, el primero estableciendo la capacidad y facultad exclusiva del congreso para crear impuestos, y el segundo consagrando la protección de los consumidores o usuarios, como un derecho fundamental.
Asimismo y en igual sentido se expresa el Tratado de Libre Comercio “DR-CAFTA”, que en su capítulo 11.13.1 letra d), crea entre diferentes “Compromisos Específicos”, el que ninguna de las partes, ni de Centroamérica ni de República Dominicana “adoptará o mantendrá ninguna restricción a los servicios de envío urgente que no se encuentre vigente en la fecha de suscripción de este Tratado“.
Herrera, emplazó a la Defensoría del Pueblo y a Pro-Consumidor para que jueguen su rol en beneficio del respeto a los derechos de la colectividad, al tiempo de anunciar que demandará a ambas instituciones en intervención voluntaria para que sea parte del referido proceso, y que de cara al país definan acciones y fijen posición.
