SANTIAGO.-El caso de la empresa brasileña Odebrecht desafía la credibilidad del Gobierno dominicano y del poder judicial, situación que implica que esté acorralado en una trama complicada.
Además, la imagen de dirigentes de los distintos partidos políticos podría deteriorarse, debido a que estarían relacionados con los escándalos de corrupción que han estremecido a los países de América Latina y el Caribe.
Para opacar el impacto negativo que ha provocado el soborno por 92 millones de dólares auspiciado por ejecutivos de la compañía de Brasil en procura de obtener contratos onerosos para construir obras multimillonarias, las autoridades están obligadas a aplicar sanciones judiciales confiables, creíbles y severas.
Pero, es lo que opinan observadores políticos, el sometimiento a la justicia debe contemplar a todas las figuras involucradas, sin importar su estatus social, político y económico.
Las autoridades dominicanas tienen un dilema complejo, en razón de que el Ministerio Público de Brasil prometió ofrecer, a principios de junio, los nombres de todos los sobornados, por tanto, no pueden gestionar arreglos en busca de ocultar a funcionarios y líderes del gobernante Partido de la Liberación Dominicana.
Informaciones procedentes de Brasil han creado un ambiente de nerviosismo en el sector político, lo que ha motivado una “guerra” del cruce de listas con nombres de prominentes dirigentes del PLD y el PRM, las cuales entran en el campo de la especulación.
La divulgación de los listados en las redes sociales ha generado controversias y confusiones, por lo que el procurador general de la República Jean Alaín Rodríguez, tuvo que aclarar que no ha distribuido documentos con la identificación de los sobornados.
También las presiones del Movimiento Verde, a través de marchas en toda la geografía nacional, se han convertido en intimidaciones que han colocado al Gobierno a la defensiva.
Desde el próximo lunes se iniciará una semana crucial, porque Estados Unidos y Brasil afianzarán los embates para que se ejecuten acciones contundentes contra quienes están vinculados a la corrupción apadrinada por Odebrecht, proceso que forzará a las autoridades dominicanas a adoptar medidas basadas en la verdad y la razón.
