SANTO DOMINGO. El senador por San Cristóbal, Tommy Alberto Galán Grullón, cita como testigos en el caso Odebrecht a ocho legisladores que junto a él integraron o integran la Comisión de Hacienda del Senado de la República. De igual forma afirma que la Procuraduría General de la República infló los valores de sus bienes inmuebles y que el tasador no ingresó a sus propiedades para hacer la evaluación.
En el escrito de contestación a la imputación de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración jurada de patrimonio que le hace el procurador general de la República, Galán Grullón resalta además los procedimientos previos a la aprobación de un financiamiento.
Con los testimonios de Julio César Valentín Jiminián, Charles Mariotti Tapia, Heinz Vielut Cabrera, Pedro Alegría Soto, Amílcar Romero Portuondo, Dionis Sánchez Carrasco, Félix María Vásquez Espinal y Francis Emilio Vargas Francisco, “se demostrará que en su condición de miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, no fue influenciado ni inducido por el senador Tommy Alberto Galán Grullón, a fin de abreviar los plazos en la aprobación de los contratos de financiamiento o de ejecución, ligados a la Constructora Norberto Odebrecht y las entidades vinculadas al financiamiento de los mismos”, dice como propósito probatorio en cada uno.
El consejo de defensa del legislador explica, además, que al emitir informes favorables o aprobar en el pleno del Senado los contratos de financiamiento a las obras de Odebrecht, no solo se atendió un requerimiento del Poder Ejecutivo para satisfacer prioridades de infraestructuras, entre ellas la provisión de agua a dos provincias, sino que estaba cumpliendo con el mandato de varias leyes del Presupuesto General del Estado.
“Por esa razón, todos los casos de obras involucradas en la imputación, que conllevaron financiamiento y/o exención fiscal aparejado, fueron sometidos al Congreso por mandato constitucional, pero previamente habían sido consignadas en la ley de presupuesto, que era la que ordenaba su ejecución, no la Comisión de Hacienda del Senado y mucho menos un senador”, relata el funcionario en su escrito de contestación.
Cita que la hidroeléctrica de Pinalito estaba en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, Ley 15-08; hidroeléctrica Palomino, en la Ley 498-08, Ley 366-09 y Ley 297-10; autopista del Coral en la Ley 297-10; el corredor Duarte en la No. 498-08, No.366-09; la carretera de Casabito en la Ley 498-08; el acueducto Samaná y múltiple Hermanas Mirabal, en la Ley 498-08, No. 366-09, No.297-10 y la carretera El Río-Jarabacoa, en la Ley 297-10.
