La Procuraduría General de la República informó ayer que ampliará la investigación con las informaciones y documentos obtenidos durante los interrogatorios practicados a 16 funcionarios, exfuncionarios, legisladores, exlegisladores y otros vinculados a Odebrecht.
El procurador Jean Alain Rodríguez dijo que terminó la primera fase de los interrogatorios y que las informaciones y documentos serán verificadas.
Aseguró que si se requiere serán interrogadas otras personas físicas y empresas que hayan tenido relación directa o indirecta con Odebrecht.
Mientras que técnicos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) continúan realizando el análisis y las comprobaciones de rigor a documentos, junto a las obtenidas durante el allanamiento con autorización judicial realizado a las oficinas de Odebrecht.
Indicó que el Ministerio Público busca construir un expediente fuerte, por lo que está siendo lo debidamente cauteloso en las pesquisas y diligencias afines, destacando que las mismas son mayores que las que puede difundir, para así no entorpecer el proceso, según manda la ley.
Garantizó que se realiza una investigación exhaustiva y aseguró que se utilizan todos los medios al alcance local e internacional, a los fines de identificar con exactitud, y tener el sustento probatorio, a las personas que habrían recibido dichos sobornos.
Reiteró que existe un compromiso firme de parte de la multinacional brasileña para pagar la indemnización exigida cuyo monto es por US$184 millones, suma que duplica lo reconocido por la constructora como recursos destinados a sobornos para resultar favorecida con contratos de obras del Estado.
Recordó que se han solicitado informaciones por vía oficial a autoridades en el exterior, de Brasil y Estados Unidos, con las cuales se mantiene contacto fluido para conocer cuanto antes los detalles que habrían confesado ejecutivos de la constructora brasileña sobre sus actividades en la República Dominicana, con especial interés en obtener los nombres de los que figuran como sobornados en esos documentos.
Funcionarios interrogados
Los primeros convocados a declarar sobre este caso fueron los actuales responsables de entidades estatales relacionadas con la multinacional brasileña, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Orlando Mazara.
También el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Gonzalo Castillo Terrero.
También, aunque luego informaron sobre no haber suscrito contratos con Odebrecht, fueron citados el director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, y el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán.
Exfuncionarios cuestionados
Entre los exfuncionarios que han sido interrogados se encuentran los exvicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y César Sánchez; los exministros de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y Manuel de Jesús Pérez (Freddy).
También los exdirectores de INAPA, Frank Rodríguez, Alberto Holguín y Roberto Rodríguez. También el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Suero Miliano.
Además los expresidentes del Senado Andrés Bautista y Jesús Vásquez (Chu), y el expresidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Otros interrogatorios
También fueron interpelados el gerente local de Odebrecht, Marcelo Hofke, y el empresario Ángel Rondón, representante comercial de la empresa extranjera, identificado como receptor de US$92 millones de la constructora, quien luego declaró que esa suma corresponde al pago por servicios contratados. Las investigaciones fueron abiertas en diciembre pasado, luego que Odebrecht admitiera en Estados Unidos que pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluida República Dominicana con US$92 millones, en el período 2001-2014.
