El presidente brasileño, Michel Temer, afrontará desde el martes la justicia electoral con el riesgo de perder su mandato si se comprueba que en la campaña que compartió en 2014 con la destituida Dilma Rousseff hubo dinero procedente de la corrupción.
Para buena parte de la base política que aún respalda a Temer, el proceso que será retomado el próximo martes en el Tribunal Superior Electoral puede ser decisivo en la lucha del mandatario por seguir en el poder, en medio de fuertes presiones por su renuncia.
Más allá de la justicia electoral, Temer está contra las cuerdas por denuncias que sugieren que incurrió en prácticas ilegales, que llevaron a la Corte Suprema a investigarle por los supuestos delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
La situación de Temer en el Supremo pareció agravarse esta sábado con la detención del diputado Rodrigo Rocha Loures, implicado en el mismo caso que salpica al gobernante, que está relacionado con unos supuestos sobornos pagados por el grupo cárnico JBS.
Son dos frentes judiciales abiertos al mismo tiempo y algunos de los más fieles integrantes de la coalición de gobierno se plantean la posibilidad de abandonar la nave oficialista si hubiera un fallo contra Temer en la justicia electoral.
En ese proceso serán juzgadas denuncias hechas por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) sobre supuesta financiación ilegal recibida por la campaña de Rousseff y Temer, quien la acompañó como candidato a vicepresidente, en las elecciones de 2014.
El PSDB pasó a ser uno de los grandes pilares de la coalición gubernamental cuando Temer heredó el poder tras la caída de Rousseff por irregularidades fiscales, pero ahora baraja una posible ruptura si la justicia electoral falla contra el mandatario.
“Después del juicio, el partido decidirá qué hacer”, declaró esta semana el senador Tasso Jereissati, presidente del PSDB, formación que como casi todos los partidos brasileños tiene dirigentes que se han visto salpicados por asuntos de corrupción.
Una sentencia condenatoria del tribunal electoral anularía la victoria de la fórmula Rousseff-Temer e implicaría la destitución del mandatario, aunque éste tendría derecho a varias apelaciones y seguiría en el poder hasta que no haya un dictamen definitivo, que pudiera llegar después de varios meses.
No obstante, en el propio Gobierno se admite que una salida del PSDB de la coalición oficialista haría casi inviable la gestión de Temer y hasta pudiera obligarle a la renuncia que toda la oposición y hasta sectores de su propia base le exigen.
En el juicio que comenzará el martes, Rousseff y Temer tienen sus propias defensas y diferentes tesis sobre el proceso.
La exmandataria niega toda irregularidad y pide que se anule el juicio, un punto compartido por Temer, quien además exige que las cuentas de campaña de uno y otro sean juzgadas por separado, pues sostiene que en la suya no hubo nada ilegal.
Según analistas jurídicos, ninguna de esas tesis será aceptada por los siete miembros del Tribunal Superior Electoral, pero también se cree que alguno de los magistrados puede pedir más tiempo para analizar el informe del instructor, Herman Benjamin, que tiene más de mil páginas y pide condenar a la fórmula Rousseff-Temer.
El proceso, que fue suspendido el pasado 4 de abril para escuchar a nuevos testigos, se reanudará el martes, pero por su complejidad el tribunal ha reservado cuatro sesiones, que en caso de ser necesario llevarían la conclusión al jueves que viene.
Sin embargo, el proceso podría ser suspendido nuevamente si uno de los magistrados considera que necesita estudiar mejor el caso, lo cual es la gran apuesta del Gobierno para ganar tiempo e intentar recomponer su base política, al tiempo que Temer se defiende en el Supremo de las sospechas de corrupción que pesan en su contra.
