SANTO DOMINGO. El informe técnico de la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral (JCE) que pone en tela de juicio el funcionamiento de los equipos de registro de concurrentes y del escrutinio de los votos, usados en las pasadas elecciones, lo dirigió un funcionario que hace seis años tuvo agrias diferencias con la pasada gestión del organismo.
Se trata de Miguel Ángel García, director de Informática, quien desde el año 2003 y hasta el 22 de septiembre del 2011 se desempeñó en la JCE como Administrador General de Informática, cargo al que renunció al sentirse desconsiderado y humillado por el entonces presidente del organismo, Roberto Rosario.
García llegó a la JCE por recomendación de monseñor Agripino Núñez Collado, como una forma de calmar los cuestionamientos que en ese entonces formulaban los partidos de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano por la forma en que el Senado dominado por el Partido Revolucionario Dominicano conformó al organismo electoral. A su llegada, Franklin Frías desempeñaba las funciones de director de Informática, y se acordó que dirigirían en forma conjunta.
Sin embargo, nunca hubo armonía y, conforme a reportes periodísticos, ambos funcionarios laboraban sin dirigirse la palabra. El detonante de la renuncia de García habría sido una circular al personal del departamento del 26 de agosto del 2011, en la que Frías, en su calidad de director, “prohibía la tramitación y/o modificación a cualquier registro de las bases de datos de la Junta Central Electoral, solicitados por otras instancias de la institución sin la debida autorización y/o conocimiento de quien suscribe”.
La orden de Frías habría aumentado el malestar de García, quien en una carta enviada a Rosario le infería decidir entre quedarse con él o Frías, situación que al parecer no fue aceptada por el Pleno de la JCE.
En ese entonces también se pidió la renuncia de Frías, lo que no se acogió.
García, junto a un equipo de técnicos, elaboró en marzo pasado, un informe sobre los equipos, en el que recomendó no hacer uso de los mismos en procesos electorales futuros. Determinó un pobre desempeño de los equipos y fallas graves en la transmisión de datos.
En tanto, una investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas concluyó que no hubo irregularidades ni en la licitación pública ni en los pagos realizados a la empresa internacional Indra Sistema.
Tanto el informe técnico como la investigación especial fueron solicitadas por la JCE en busca de establecer si hubo irregularidad en la compra de los equipos, si hicieron un buen desempeño en las elecciones y cuál sería el estatus financiero con la empresa suplidora de la tecnología. Ello, debido a que la JCE adeuda US$13.9 millones a Indra.
La Junta anunció que el informe técnico elaborado por sus técnicos lo conocerá el Pleno, al tiempo de rechazar la investigación realizada por la Cámara de Cuentas.
Mientras Rosario, expresidente de la JCE, prometió hablar en el momento oportuno. “Quienes me conocen, saben mi carácter y mi responsabilidad, no acostumbro a dejar ningún tema inconcluso y que no rehúyo, por difícil que sea la situación, a enfrentar y llevar la misma hasta el final”, aduce en un documento que colgó en red social de Twitter.
En una declaración pública emitida anoche, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, precisa que el hecho de las dificultades que se presentaron el día de los comicios, en el uso de los equipos, bajo ningún concepto afecta la legitimidad de las elecciones del 15 de mayo del año 2016.
¿Por qué?, se pregunta, y se responde: Porque ya la Junta Central Electoral había dispuesto el día 5 de mayo del año 2016, es decir, 10 días antes de las elecciones, que el conteo fuera manual.
“Y todos ustedes saben además, que al final de cuentas un resultado electoral es la consecuencia de sumar el contenido de actas físicas; y realmente los resultados físicos y de conteo manual de esas elecciones, venir a controvertirlos ahora parecería algo que no es lo procedente”, explica Castaños Guzmán.
