SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional determinó que la acción directa de inconstitucionalidad sometida por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía en contra del decreto que dio pie al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros no cumple con los requisitos que exige ese organismo para ese tipo de recursos.
Determinó que la denuncia carece de claridad, certeza, especificidad y pertinencia. “Además, la parte impugnante se ha limitado a hacer alegaciones de contrariedad a normas con rango de ley”, explicó.
La acción de inconstitucionalidad fue sometida el 29 de enero de 2014 por la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía.
El TC explicó que en las acciones directas de inconstitucionalidad se debe precisar, de acuerdo con los requisitos previamente indicados, las razones concretas en las que se fundamente que las normas denunciadas son contrarias a la Constitución, lo que no ocurrió en este caso.
