Dijo que es deber del ministerio público procurar que cualquier infracción o daño que se cometa, en caso de violaciones o delitos, sea resarcido en la forma que establece la legislación, sin importar el estatus del imputado.

En lo referente al recién destituido nuncio apostólico Józef Wesolowski, dijo que se abrió un proceso de investigación para determinar responsabilidades de conformidad con las normas de derecho nacional e internacional, dada su condición de diplomático

Dijo que fue designado el magistrado Bolívar Sánchez, procurador general adjunto, para que sea el encargado de la dirección de esa investigación.

En torno al caso del padre  Juan Manuel Mota de Jesús (Johnny), el procurador expresó que existen procesos de investigación en curso, en donde se han completado interrogatorios de los denunciantes, tras afirmar que durante esta semana el ministerio público trabajará intensamente para determinar la veracidad o no de la denuncia en su contra.

Dijo que el procurador de la Corte de Apelación de La Vega, Víctor González es el responsable del proceso de investigación que se están llevando en Constanza y que lo hará de acuerdo a las normas

En cuanto al sacerdote polaco, Wojciech Gil Alberto, acusado de violar a varios menores de edad, dijo que el jefe del ministerio público solicitó su declaratoria de rebeldía para poder implementar la captura internacional, pero que un juez de Santiago rechazó esa petición, la cual fue apelada y espera que sea revocada por la corte.

Alberto García dijo que una auditoría de la Cámara de Cuentas revela mal manejo RD$65 millones de pesos.

   El presidente de la Federación Nacional de Productores de Tabaco (FENAPROTABACO, Alberto García, solicitó ayer a las autoridades judiciales de Santiago investigar el mal uso dado por el pasado administrador del Instituto del Tabaco, de RD$65 millones de pesos,  según resultados de una auditoría hecha por la Cámara de Cuentas y dada a conocer en el 2011.

García dijo que en el día de hoy visitará la procuradora fiscal del distrito judicial de Santiago, magistrado Luisa Liranzo, para solicitarle investigar a Lorenzo Fernández, pasado director de la institución.

Durante una vigilia que realizaran los tabaqueros en las instalaciones del INTABACO, García denunció que la problemática del tabaco es económica y social, pro el entonces director, la había convertido en política por el supuesto mal manejo que dio a los fertilizantes y los insumos, así como por su comportamiento con las asociaciones y los grupos de productores.

Manifestó que Lorenzo Fernández no permitía entrar a la institución a los reformistas y perredeistas, así como a los productores, los tratas con desechos.

Explicó que además de que visitará este miércoles la procuradora fiscal, también estarían solicitando al actual director del Intabaco, Juan Francisco Caraballo, que lo someta para que otros directores no den mal uso al dinero de la institución.

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia, (FINJUS) pidió al Poder Legislativo a prestar atención a los reclamos y  necesidades presupuestarias de los órganos jurisdiccionales del sistema de justicia del país.

La entidad cívica dijo que  en el marco de los esfuerzos que se han realizado para su fortalecimiento, a partir de la reforma Constitucional del 2010, las instituciones las cortes requieren de un presupuesto justo.

“FINJUS entiende que es contraproducente que tras la creación del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, estos organismos confronten la amenaza de limitar significativamente sus actividades e iniciativas por la decisión de recortar su presupuesto para el 2013, contraviniendo la autonomía presupuestaria de dichos órganos, tal como consagran los artículos 149 y 184 de la Constitución”.

En un documento bajo la firma de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostiene que el caso del Tribunal Constitucional, la propuesta de Presupuesto Nacional le asigna el monto de RD$ 500 millones, lo que significa RD$ 127 millones menos que lo solicitado por ese órgano, en base a su planificación estratégica y los diagnósticos de necesidades realizados.

En ese sentido, considera que esta disminución representa un 20 por ciento, lo que limitaría las iniciativas de ese importante órgano de control  constitucional, que en la actualidad no cuenta con la logística e infraestructura adecuadas, lo que pone  en tela de juicio la capacidad del Estado de cumplir con los compromisos que asumió al reformar la Constitución.

“En semejante situación se encuentran otros órganos del sistema de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública. En cuanto a las dos primeras, la Ley 194-04 les asigna el 4.10 por ciento del presupuesto nacional, lo que ha sido reiteradamente inobservado en los últimos años. En el 2012 el monto que les correspondía a ambas fue reducido en un 45% en promedio. Recientemente se anunció que el monto contemplado en el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso solo aumenta al Poder Judicial 450 millones, lo que significa que dejaría de percibir $ 3,527 millones, es decir, un 45 por ciento menos que lo debe recibir legalmente.”

En tanto que en el caso de la Defensa Publica, que es un órgano clave del sistema de administración de justicia penal, se encuentra trabajando con un déficit presupuestario de RD166 millones, que representa un 40 por ciento.

Agrega FINJUS que en esas condiciones, el servicio de defensa pública ante los tribunales penales, que es servido a más de quince mil ciudadanos acusados de la comisión de delitos y que no tienen recursos para pagar un abogado, se convertiría en un grave problema que acarrearía que miles de familias verían retrasada la posibilidad de una justicia pronta y cumplida.

El sistema de justicia, desde el Tribunal Constitucional hasta el más modesto de los Juzgados de Paz en todo el país, sufrirían un retroceso de incalculables repercusiones si el Presupuesto Nacional del 2013 no atiende adecuadamente sus necesidades, porque los servicios que esas instituciones prestan a la democracia y al sostenimiento del desarrollo y el orden son esenciales para la vida civilizada y el clima de convivencia pacífica que el país requiere.