Alberto García dijo que una auditoría de la Cámara de Cuentas revela mal manejo RD$65 millones de pesos.

   El presidente de la Federación Nacional de Productores de Tabaco (FENAPROTABACO, Alberto García, solicitó ayer a las autoridades judiciales de Santiago investigar el mal uso dado por el pasado administrador del Instituto del Tabaco, de RD$65 millones de pesos,  según resultados de una auditoría hecha por la Cámara de Cuentas y dada a conocer en el 2011.

García dijo que en el día de hoy visitará la procuradora fiscal del distrito judicial de Santiago, magistrado Luisa Liranzo, para solicitarle investigar a Lorenzo Fernández, pasado director de la institución.

Durante una vigilia que realizaran los tabaqueros en las instalaciones del INTABACO, García denunció que la problemática del tabaco es económica y social, pro el entonces director, la había convertido en política por el supuesto mal manejo que dio a los fertilizantes y los insumos, así como por su comportamiento con las asociaciones y los grupos de productores.

Manifestó que Lorenzo Fernández no permitía entrar a la institución a los reformistas y perredeistas, así como a los productores, los tratas con desechos.

Explicó que además de que visitará este miércoles la procuradora fiscal, también estarían solicitando al actual director del Intabaco, Juan Francisco Caraballo, que lo someta para que otros directores no den mal uso al dinero de la institución.

La Tercera Sala de la Cámara penal de la Corte de Apelación dispuso la libertad bajo fianza del exdirector de Prisiones Mario Acosta,  está acusado  recibir soborno del acusado de narcotráfico Pascual Cordero Martínez (El Chino o El Gordo).

El tribunal impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica y la vigilancia del imputado a cargo del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Las juezas Nancy Joaquín Guzmán y Doris Pujols Ortiz emitieron un voto disidente a favor de que se confirmaran la prisión preventiva en contra del imputado, mientras que los jueces Manuel Ulises Bonelly Vega, Ysis Muñiz y Luis Omar Jiménez, votaron a favor de su puesta en libertad bajo fianza.

Cordero Martínez alegadamente pagó el dinero a Acosta para que gestionara que lo regresaran a la cárcel de La Victoria, desde el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, de Higüey.