SAN DIEGO (AP) —

González, deportado en diciembre de Santa Bárbara, California, a Tijuana, México, es uno de casi dos millones de individuos expulsados de Estados Unidos desde la elección de Barack Obama como presidente.

“No tengo a nadie aquí”, dijo González, quien sirve desayunos en un albergue para migrantes en Tijuana, donde convalece de las múltiples fracturas que se hizo en un pie al saltar la valla fronteriza en un intento fallido por reunirse con su madre, dos hermanos y el resto de su familia que vive en California.

“Estados Unidos es lo único que conozco”, apuntó.

Aunque la iniciativa de reforma migratoria que presentó el Senado este mes contribuiría a que salgan de las sombras algunos de los 11 millones de personas que se calcula viven sin autorización en Estados Unidos, no beneficiará a todos.

Entre los excluidos figuran quienes hayan llegado después del 31 de diciembre de 2011, quienes tengan parejas gay con residencia legal en Estados Unidos, hermanos de ciudadanos estadounidenses y muchos deportados como González.

Como la inmigración neta procedente de México es casi cero, se cree que sea relativamente pequeña la cifra de personas que ha llegado desde enero de 2012 a Estados Unidos, posiblemente de unos cuantos cientos de miles.

Entre ellos figura Isaac Jiménez, de 45 años, que pagó 4.800 dólares a un contrabandista de personas para que lo guiara por el desierto de California a fin de reencontrarse con su esposa e hijos en Fresno.

“Mis hijos están aquí, todo lo mío está aquí”, dijo Jiménez, desde Fresno. Ha vivido sin autorización desde 1998 en Estados Unidos y regresó voluntariamente en 2012 al sur de México para ver a su madre antes de que ésta muriera.

A la fecha, los defensores izquierdistas de la inmigración han mostrado una disposición limitada para pelear a favor de que se amplíe la cobertura mientras se preparan para una difícil batalla en el Congreso.

Algunos en este sector apuntan sus baterías hacia otras medidas de la legislación, como la opción a la ciudadanía en un periodo de 13 años, plazo que consideran muy largo, y una partida presupuestaria de 4.500 millones de dólares para incrementar la seguridad en la frontera.

“(La iniciativa de reforma migratoria) no va a incluir a todos”, dijo Laura Lichter, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos. “No es perfecta. Creo que se escucha a mucha gente decir que ‘no se permita a lo perfecto ser enemigo de lo bueno’, y esto es bueno”, apuntó.

Peter Núñez, quien apoya políticas restrictivas y es presidente del Centro de Estudios para la Inmigración en Washington, dio al proyecto de ley una calificación de ocho o nueve en una escala de uno a 10, con el 10 representando lo más incluyente.

Núñez criticó una medida que permite a las personas deportadas sin antecedentes penales solicitar permiso de regresar si tienen legalmente esposas o hijos en Estados Unidos, medida que los partidarios afirman contribuye a la reunificación de familias.

“Simplemente no entiendo por qué vamos básicamente a anular una deportación”, dijo Núñez, ex fiscal en San Diego.

Los negociadores del Senado fueron indulgentes hacia los antecedentes penales en comparación con el gobierno del presidente Barack Obama cuando éste concedió en 2012 permisos temporales de trabajo a muchos de los que vinieron cuando eran niños a Estados Unidos.

El gobierno descalificó para las solicitudes a quien tuviera una condena por un delito menor de conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, tráfico de narcóticos y otros crímenes. La iniciativa del Senado establece que no podrá solicitar los permisos de trabajo quien acumule tres delitos menores o un sólo delito grave.

Las deportaciones alcanzaron las 400.000 en el año fiscal 2012, más del doble que en los siete años previos; los mexicanos afectados fueron enviados a ciudades fronterizas como Tijuana, donde a menudo tienen dificultades para encontrar trabajo.

El albergue para migrantes Padre Chava sirve desayunos diariamente a 1.100 personas en un edificio amarillo brillante que abrió hace tres años porque la cifra de personas superó al de su inmueble previo. Su director Ernesto Hernández calcula que 75% de estas personas son deportadas.

“Muchos llegan con zapatos deportivos que cuestan cientos de dólares y sin nada en los bolsillos”, dijo Hernández.

Alrededor de 10% de los deportados en el albergue hablan poco o nada de español, como Salvador Herrera IV, de 28 años, quien fue traído a Estados Unidos cuando tenía dos años en el asiento trasero de un automóvil y creció patinando y jugando baloncesto en Long Beach.

Debido a que fue declarado culpable de robo de vehículo quedó excluido de la legalización, y dice que está considerando pagar 8.000 dólares por los documentos de identidad de alguien más en su intento por volver ilegalmente al sur de California.

“Soy básicamente estadounidense”, indicó. “Soy un chico de playa. Hago lo estadounidense”.

Muchos en el refugio han sido sentenciados por conducir bajo la influencia del alcohol o por violencia doméstica, dijo Hernández, al reflejar la prioridad del gobierno de Obama para deportar a cualquier persona que tenga antecedentes penales.

González fue arrestado en Santa Bárbara por ser sospechoso de alterar el orden público, y deportado a Tijuana la víspera de Año Nuevo. Dijo que tenía varias sentencias por delitos menores, incluyendo conducir alcoholizado, que cometió poco después de cumplir 18.

“Es cuando uno anda mucho en las fiestas y piensas que no va a importar”, agregó.

González nació en Cuernavaca, al sur de la ciudad de México, llegó a Estados Unidos por avión cuando tenía dos años, y nunca se fue de Santa Bárbara. Después de graduarse de secundaria en 2002, tomó lecciones de mecánica automotriz en un colegio universitario municipal, trabajó casi cuatro años en una tienda de descuento Jiffy Lube y como mecánico, jardinero y promotor telefónico en la pintoresca ciudad costera californiana de 90.000 habitantes.

González no sabe dónde establecerse después de que sane su pie. Su familia lo ayudó con más de 3.000 dólares en gastos médicos, que incluyen una barra de metal que le mantiene unido el pie fracturado.

Tal vez trate de encontrar a una tía en Cuernavaca, pero no tiene su teléfono ni la dirección.

“Nunca pensé que estaría en este predicamento”, dijo.

La Habana, 11 mar (AIN) Las regulaciones migratorias de Estados Unidos no han cambiado y los requisitos para conseguir una visa temporal o de inmigrante son los mismos, señaló un funcionario de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA).

Timothy Roche, Cónsul General de la SINA, afirmó al diario Granma que su gobierno “acoge positivamente” los cambios realizados a la Ley Migratoria cubana, pero que por parte de Estados Unidos, las regulaciones migratorias continúan igual.

Roche destacó que para viajar hacia ese país todavía es necesario solicitar un permiso y que sea aprobado por un funcionario consular en una entrevista.

Igualmente, subrayó como imprescindible el estricto cumplimiento de todos los pasos establecidos para la obtención del visado.

Actualmente el tiempo de espera para obtener un turno de entrevista en la SINA es de 18 meses. Mientras, el periodo para procesar esos documentos desde que se realiza la entrevista hasta que se emite es variable, informó el funcionario consular.

Para los solicitantes de visas de no-inmigrante es de 2 a 3 días, aunque en algunos casos se necesita un proceso administrativo mayor que puede tardar hasta 90 días.

Por otra parte, los solicitantes de visa de inmigrante tienen que esperar aproximadamente 30 días, una vez que son entrevistados, para recoger sus documentos de viaje, pero algunos casos particulares demoran hasta 120 días o más, resaltó.

En el caso de visas de turistas, la ley es bien exigente y hay que mostrar que (la persona que va a viajar) tiene lazos fuertes en Cuba, y que no se va a quedar en Estados Unidos para trabajar, enfatizó el Cónsul, citado por Granma.

Comentó que a los funcionarios consulares se les requiere asumir que todos los solicitantes de visas temporales son posibles inmigrantes, por lo que a los jóvenes le es muy difícil obtener permiso para viajar a los Estados Unidos.

Sin embargo, cifras publicadas por el Gobierno cubano demuestran que la mayoría de las personas que viajan regresan a la isla.

Desde el año 2000 hasta el 31 de agosto del 2012, viajaron al exterior por asuntos particulares 941 953 cubanos, de los cuales no retornó un total de 120 705 personas, apenas el 12,8 por ciento, aclara el diario.

El Cónsul General evitó hablar sobre la Ley de Ajuste Cubano que privilegia a los inmigrantes ilegales cubanos, ni del Programa Bajo Palabra de Profesionales Cubanos de la Medicina, el cual promueve la deserción de los colaboradores cubanos en el exterior.

Tampoco se refirió a otros planes dirigidos a promover la subversión y la desestabilización, justificar la propaganda anticubana y tergiversar la realidad del país.

Por  Miguel Cruz Tejada.