El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó hoy un caso que enfrentaba al gigante tecnológico Microsoft y al Gobierno del presidente Donald Trump por las fronteras de Internet, al determinar que la disputa ha quedado resuelta tras la aprobación de una ley en el Congreso.
“No queda disputa viva entre las partes sobre el asunto”, determinaron los jueces en su sentencia, emitida hoy.
Los nueve magistrados estudiaron el caso en una audiencia el pasado 27 de febrero, pero el 22 de marzo Trump firmó una ley aprobada por el Congreso conocida como la “Cloud Act” (“Ley de la Nube”) y que abre la puerta a que EE.UU. pueda acceder a datos digitales almacenados en el extranjero.
El caso que estudió el Tribunal Supremo se remonta a 2013, cuando fiscales de Estados Unidos pidieron a Microsoft unos correos electrónicos ligados a un caso de narcotráfico y que estaban almacenados en un servidor en Dublín (Irlanda).
La empresa rechazó proporcionar esos correos al considerar que eso implicaba la incautación de documentos internacionales y que, de producirse, otros Gobiernos del mundo, como Rusia o Irán, podrían forzar a empresas tecnológicas de EE.UU. a transferirles información almacenada en territorio estadounidense.
La disputa llegó a los tribunales y, después de sentencias a favor de Microsoft, el Gobierno de Trump interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo al considerar que, como la compañía tiene sede en Redmond (en el estado de Washington), puede acceder a los ficheros almacenados en otros países con solo un clic.
Microsoft, que almacena datos en 40 países diferentes, insistió durante todo el proceso en que las órdenes de registro para requisar datos no debían estar regidas por una ley aprobada en 1986, pues omite los desafíos de la era digital.
De esa forma, en marzo, el Congreso aprobó la Cloud Act (“Ley de la Nube”) con el apoyo del Gobierno de Trump, Microsoft y otras compañías tecnológicas, aunque con la firme oposición de grupos defensores de la privacidad en Internet.
La norma sienta un precedente que difumina las fronteras de Internet al establecer las bases para que Estados Unidos y otros países lleguen a acuerdos para acceder a información relacionada con usuarios y almacenada por compañías tecnológicas en territorio extranjero.
En concreto, con respecto a Estados Unidos, la legislación permite a los jueces emitir ordenes de registro para los datos que almacenan los gigantes tecnológicos en el extranjero, aunque ofrece a esas empresas una vía para recurrir y poner sobre la mesa posibles conflictos con las leyes de otros países.
El caso captó una gran atención tanto dentro como fuera de Estados Unidos e hizo que otras naciones, como Irlanda, se posicionaran con escritos para expresar su opinión.
Irlanda, en concreto, no expresó su apoyo ni por Trump ni por Microsoft, pero avisó a Estados Unidos que existen vías de cooperación entre naciones para reclamar cualquier documentación en una investigación criminal.
