La Corte Suprema envió a la cárcel ayer jueves a los responsables de los servicios secretos colombianos durante el gobierno de Álvaro Uribe por el espionaje a periodistas, activistas, jueces y políticos opositores.
Por las graves acusaciones recogidas durante el proceso, la Corte anunció también que pedirá a una Comisión del Congreso que investigue al propio Uribe, dada su condición de ex presidente, y a varios de sus hombres de confianza, entre ellos a José Obdulio Gaviria, quien fue asesor personal del ex mandatario y cuyo caso será examinado por la Corte.
María del Pilar Hurtado, ex directora de la policía secreta, fue sentenciada a 14 años de cárcel, mientras que el ex secretario de la Presidencia Bernardo Moreno pasará ocho años en prisión por utilizar los servicios secretos contra opositores políticos y jueces. Un trabajo que se hizo “con la aquiescencia de Álvaro Uribe”, según la Fiscalía.
Según la sentencia, el Departamento Administrativo de Seguridad espió bajo la dirección de Hurtado y por órdenes de Moreno, quienes informaban a la Presidencia. D u – rante casi tres horas, el magistrado Fernando Castro detalló las actividades de espionaje que estuvieron centradas en los jueces de la corte y destacados políticos opositores como la ex senadora Piedad Córdoba o el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Sobre Córdoba la sentencia señala que se intervino su teléfono y correo electrónico para obtener información de las liberaciones de secuestrados y por sus supuestos vínculos con la guerrilla y los gobiernos de Venezuela y Cuba.
Los viajes de Córdoba
Además, señala que existía interés del gobierno por conocer quién pagaba los constantes viajes de Córdoba a Venezuela, país considerado “hostil” en ese momento, señaló el fallo.
Sobre los jueces, la sentencia dijo que los servicios secretos del gobierno de Uribe organizaron el “Plan escalera”, que consistió en grabar las sesiones de la Corte Suprema a través de infiltrados.
Para la Corte quedó probado que tanto Hurtado como Moreno ordenaron esas actividades sin tener sustento legal para efectuarlas y con el ánimo de satisfacer las necesidades que llegaban desde la casa presidencial.
Nada más conocerse la sentencia, Uribe (2002-2010) señaló que se ha condenado a personas “honorables” por cumplir su deber.
