La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dispuso la libertad de los banqueros Manuel Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza.
El alto tribunal anuló la sentencia que condena a y ordenó la celebración de un nuevo juicio, para la realización de una nueva valoración de la prueba.
La sentencia se refiere al caso conocido como Bancrédito chiquito, iniciado por unos clientes de Bancrédito que posteriormente retiraron la demanda tras llegar a un acuerdo.
En el caso conocido como Bancrédito Grande, la familia Pellerano llegó a un acuerdo de pago con el Banco Central para la devolución de parte de los valores invertidos por el Estad.
La sentencia condenatoria se logró no obstante la decisión del Gobierno, a través de la Procuraduría General de la República, de desistir del caso mediante instancia que la Suprema Corte de Justicia rechazó.
La instancia de desistimiento causó un revuelo, toda vez que fue instrumentada por el procurador para asuntos eléctricos, Moisés Ferrer, cuando éste ni conocía del caso ni había actuando nunca como fiscal en las audiencias.
En ese momento se dijo que los fiscales que trabajaron el caso desde del principio, se negaron a presentar el desistimiento forzado por el Gobierno.
Pellerano Peña tenía pendiente en la justicia el caso Bancrédito “grande”, por una supuesta estafa contra el Estado de más de 22 mil millones de pesos, pero llegó a un acuerdo con el Banco Central para la devolución de una parte de los valores invertidos por el Estado en el rescate del banco.
Asimismo, dispuso la suspensión de la ejecución de la sentencia condenatoria y la libertad bajo una fianza de RD$10 millones para ambos, a través de una compañía dedicadas a estos fines.
Además resolutó enviar del caso a la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que allí se valore el caso nuevamente.
Los jueces Miriam Germán Brito, presidenta, Alejandro Moscoso Segarra, Frank Soto Sánchez e Hirohíto Reyes admitieron los recursos de revisión interpuestos por Pellerano y Mendoza, contra la sentencia firme y definitiva No. 168-2008, dictada el 11 de septiembre del 2008 por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La SCJ consideró que ambos recurrentes aportan como elemento de prueba una certificación de la firma KPMG en la que sostienen no haber emitido un informe de fecha 4 de junio del 2004 sobre los estados financieros del Banco Nacional de Crédito, al 31 de diciembre del 2002.
La Corte de Casación establece que el documento aportado por los recurrentes está revestido de la novedad necesaria para ser admitido, pues se comprueba, del examen de la sentencia condenatoria, que además de no haber sido examinado por los juzgadores, el mismo tiene una relación directa en las pruebas debatidas y que sirvieron de base a la condena.
Asimismo, que por todo cuanto antecede, procede acoger la revisión de que se trata, anular la sentencia y ordenar la celebración de un nuevo juicio, bajo el entendido de que se hace necesaria una nueva valoración de la prueba, ya que la pieza ofertada tiene vocación suficiente para incidir en la decisión atacada y arribar con certeza a un fallo justo que solucione el proceso.
