SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La mejor vía para lograr que el subsector de la distribución sea eficiente y autosustentable en términos financieros es la privatización de las compañías distribuidoras de electricidad, hoy en manos del Estado.
El planteamiento no proviene esta vez del sector empresarial o de algún organismo multilateral, como pudiera pensarse, sino del superintendente de Electricidad Educardo Quincoces, titular del órgano regulador del sistema y uno de los principales funcionarios del área energética.
En su propuesta de cara al Pacto Eléctrico, Quinconces plantea “vender las empresas distribuidoras EdeSur, EdeEste y EdeNorte a inversionistas privados, preferentemente nacionales”, así como trasferir el servicio del alumbrado público a la factura de los usuarios.
El titular de la Superintendencia de Electricidad (SIE) sostiene que así se lograría que las Edes sean “financieramente autosustentables”, reduciendo de paso el “extraordinario nivel de riesgo que representa para las inversiones en generación” el desempeño deficitario de estas compañías.
Otro objetivo sería liberar al Estado de las cuantiosas transferencias de recursos públicos a las Edes (que al 2014 sumaron más de US$1,300 millones al año), exceptuando aquellas que se destinen a subsidios de carácter social.
La privatización de las Edes permitiría, además destinar los recursos que se obtengan de la venta de estas empresas para “saldar obligaciones financieras del Estado por deudas o préstamos originados por el sector”, lo que incluye la deuda acumulada con las plantas generadoras.
Quincoces también favorece pasar a inversionistas privados “la obligación de obtener los recursos financieros que requieren las Edes, procurando con ello asegurar y agilizar “en varios años” la ejecución de los proyectos de rehabilitación y ampliación que amerita el sistema de distribución, así como “eliminar de las Edes los conflictos de autoridad que se crean entre las instituciones rectoras y las empresas distribuidoras públicas”.
En el documento dirigido a Iraima Capriles, directora ejecutiva del Consejo Económico y Social, organismo que coordina el proceso del Pacto Eléctrico, Quincoces argumenta que las Edes son empresas “técnicamente quebradas, con ingresos en el orden del 65%” de sus gastos.
Eduardo Quincoces, superintendente de Electricidad.
Indica que las inversiones para obras de rehabilitación y expansión de las redes de distribución provienen de recursos públicos o de financiamientos de organismos multilaterales, “que terminan convirtiéndose en deuda pública” para el país.
Agrega que el 45% de los usuarios de las Edes no tiene un servicio continuo, sino que reciben apagones de seis, ocho y hasta diez horas diarias. Aduce que las tarifas que se aplican al 80% de los usuarios “no se corresponde con los costos de prestación del servicio.
“Debido a los subsidios gubernamentales, el 80% de los usuarios reciben tarifas subvaluadas, lo cual los induce al desperdicio y al dispendio” de la energía, refiere Quincoces.
Las deficiencias de las Edes -señala el funcionario- se manifiesta en la cantidad astronómica de reclamaciones recibidas en el Protecom (Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad), que ascienden a más de 170 mil en el período 2006-2015.
Cabe señalar que la privatización de las compañías distribuidoras y comercializadoras -que fueron operadas por firmas privadas y readquiridas por el Estado en pasada década- no figura en el contenido de las propuestas del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ni de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica(ADIE).
En el ámbito institucional, la ADIE aboga por la fusión de las tres Edes en una sola empresa, con estándares administrativos y orgánicos menos burocráticos, donde primen criterios gerenciales.
Alumbrado y uso de espacios públicos
Con relación al sistema del alumbrado público, Quincoces sugiere la creación de un nuevo esquema, que implique pasar la responsabilidad de prestar el servicio de las alcaldías a las Edes, “ajustado a los niveles de iluminación que establezca el reglamento” correspondiente que emita la SIE.
Otros puntos consisten en “cargar el servicio (de alumbrado público) como un pequeño cargo porcentual en la factura” de los usuarios, así como permitir a las Edes el libre derecho de uso de las vías públicas “por tratarse de un servicio público que es para beneficio” de la colectividad.
En este aspecto, Quinconces coincide con lo que proponen tanto el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) como la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), en cuanto a transferir a los usuarios finales el costo del servicio de alumbrado público, que actualmente corresponde a las administraciones municipales.
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