Esta medida de coerción es la última de las siete que establece la normativa procesal penal dominicana
El exceso de la prisión preventiva, que es la medida de coerción más gravosa, se ha convertido en el sistema judicial dominicano en una pena anticipada, además de que contribuye a la sobrepoblación de las cárceles.
Las consideraciones son de Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y el jurista Eduardo Jorge Prats, quien encabeza el Observatorio por el Justo Proceso. Ambos coincidieron, por separado, en que los fiscales y jueces tienen que reconsiderar las circunstancias a la hora de solicitar e imponer la prisión preventiva.
Al ser preguntado sobre el asunto, Jorge Prats explicó a elCaribe que tanto la Constitución como el Código Procesal Penal establecen el principio de que la libertad es regla y las medidas de coerción, la excepción, sin embargo, precisó, en la práctica las medidas de coercitivas son el diario vivir.
“Y la única medida de coerción que en la práctica se establece es la más grave, la prisión preventiva, que se convierte entonces en una pena anticipada sin juicio previo impuesta a presuntos inocentes-la gran mayoría pobres y marginados acusados de ser ‘pobres, negros y feos’, culpables de ‘porte ilegal de cara’- que no representan peligro de fuga ni peligro para las pruebas”, manifestó.
A su consideración cuando los fiscales solicitan a los jueces imponer prisión preventiva a las personas que someten a la justicia, estos “por la presión populista penal, imponen estas penas de modo automático bajo el predicamento de que ‘sin presos no hay proceso”.
Un cáncer dentro del sistema
Para Valentín, director de la Defensa Pública, la prisión preventiva se está convirtiendo en un cáncer dentro del sistema penitenciario y dijo que los presos preventivos constituyen el 65 por ciento aproximadamente de la población carcelaria a nivel nacional.
Es claro en establecer que el uso excesivo de la prisión preventiva afecta “considerablemente” al sistema penitenciario, ya que dijo, esto carga a los operadores del sistema en sentido general de muchos casos que son “de bagatelas o de poca monta”.
Otras de las cuestiones, dijo, es que con esta medida se sobrepasa la población penitenciaria y esto trae como consecuencia el hacinamiento y violaciones a derechos fundamentales de los imputados.
El director de la Defensa Pública, en conversación con elCaribe, puso como ejemplo que las carcelitas de todas las jurisdicciones (a donde llevan a los imputados que esperan audiencia o que los trasladan al a la cárcel que ordenó el juez) también sobrepobladas, “por la gran cantidad de prisión preventiva que está pidiendo el Ministerio Público y que le está dado aquiescencia el juez de Atención Permanente”.
Al igual que Jorge Prats, Valentín piensa que el miedo es uno de los factores por los cuales se está usando de forma “desproporcional” la prisión. “Yo sigo insistiendo, existe un temor funcional de parte de esos operadores del sistema que lo que le están haciendo daño al propio sistema, jueces y fiscales deben de revisarse porque ese miedo no se puede traducir en que como consecuencias de sus actos y de imponer prisión preventiva se le violen derechos fundamentales”, dijo.
¿Cuál podría ser la solución?
La solución para esta problemática es, dijo Jorge Prats del Observatorio por el Justo Proceso, aplicar la Constitución y las leyes, ordenar otras medidas de coerción que no sean la prisión preventiva (como fianzas económicas y grilletes electrónicos, entre otras.) y solo imponer prisión cuando hay peligro de fuga y posible obstrucción de las pruebas.
Además, plantea acelerar los procesos y juzgar a los presuntos inocentes en libertad y “no condenados de modo anticipado y dizque preventivamente”.
Un ejemplo de que la prisión preventiva se aplica generalmente, es que de las más de 100 personas que Procuraduría ha sometido a la justicia durante el último año, por casos de corrupción, lavados de activos o ciberdelito, la mayoría cumple la referida medida de coerción en diferentes cárceles del país. Los implicados en estos casos van desde políticos, funcionarios, y hasta otras personas que no son muy reconocidas.
Más de la mitad de los reclusos no tiene condena
No es la primera vez que se habla sobre este tema. Para el año pasado un estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) reflejó que el excesivo uso de la prisión preventiva provoca que las cárceles dominicanas tradicionales (o del viejo modelo) estén sobrepobladas y en total hacinamiento. En República Dominicana más de la mitad de los privados de libertad son preventivos, es decir, contra ellos no pesa una condena. Un informe sobre la población penitenciaria correspondiente al 26 de enero de este año muestra que, hasta esa fecha, los reos en calidad preventiva constituyen el 59 por ciento de la población carcelaria, con un total de 15,509, y el 41 por ciento está condenado, haciendo un total de 10,952.
