El dirigente político Guido Gómez Mazara afirmó ayer que todo el proceso tendente a elegir, en principio, cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) crea las condiciones para que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) establezca una modificación del reglamento que garantice una evaluación en el desempeño de los actuales y futuros miembros de esa Alta Corte y valide la aspiración institucional y mandato reglamentario que establece la proporción de un 75% de jueces de carrera.
Gómez Mazara destacó que el hecho de que el proceso de selección inicial de los actuales componentes del Tribunal Constitucional expresara “una voluntad política donde el reparto partidario se combinó con capaces profesionales del derecho, caracterizó un lamentable trastorno de sentencias donde el interés político se impuso sobre lo jurídico”.
Solicitó que la lógica y cabildeo desarrollado por sectores determinados, pretende colocar a los miembros del CNM en una situación perturbadora porque enseña el interés de tener “jueces” divorciando la norma constitucional de referentes tan efectivos como aquellos que impulsan un especial respeto por la instauración de un control concentrado que, como el caso español, permite que el pleno del TC seleccione entre sus miembros, vía votación secreta, a su presidente por un ejercicio de tres años.
Señaló que el hecho de que connotados integrantes del TC actúen marcados por la agenda del partido que los condujo a un asiento en ese alto tribunal revela que, “si no radiamos el sentido de representación de cuotas, estaríamos impidiendo que la sociedad puede reconstruir su esperanza y fe en un sistema judicial donde todos pueden ser evaluados, pero al no hacerlo con los miembros del constitucional, se estaría creando un estado de excepción perjudicial para el verdadero proceso de institucionalidad democrática del país”.
Consideró que la posibilidad de una evaluación a los jueces constitucionales provoca un mayor control y efectividad en el desempeño de sus funciones donde su rendimiento, apego a valores éticos y desempeño honorable, garantizarían una apropiada conducta en muchos que, al no existir mecanismos de fiscalización a su labor de juez, se sienten con licencias ilimitadas en capacidad de colocarlos como material de escándalos y/o procesos penales ante un ejercicio descontrolado provocado por la no existencia de un reglamento que pase balance a sus ejecutorias.
Adujo que el CNM está en el deber de afinar las vías procedimentales para superar el marco reglamentario que desde el año 2011 existe, pero no alcanza al TC, porque han sido muchos los desafíos, errores por superar, una nueva ambientación institucional y el interés ciudadano de que los procesos administrados en el Tribunal Constitucional no respondan al criterio politiquero de dirigentes que tienen en dicho órgano su tabla de salvación.
