Amparados en la Ley General del Libre Acceso a la Información Pública, las organizaciones que convocaron a la Marcha Fin de la Impunidad, solicitaron a la Procuraduría General de la República la entrega del acuerdo económico entre dicha institución y la constructora Odebrecht.
En la carta, dirigida al Procurador General, Jean Alain Rodríguez, con copia al responsable de Acceso a la Información, el colectivo afirma que la información será utilizada para completar los trabajos que realizan para dar fin a la corrupción y la impunidad en el país.
Bartolomé Pujals, miembro de Poder Ciudadano, explicó que una de las razones por las que se requiere conocer el acuerdo es confirmar que con la indemnización supuestamente ofrecida por Odebrecht no se extinga la acción penal.
“Una de las cuestiones que nosotros queremos que se garantice es que los implicados, tanto de Odebrecht como los funcionarios públicos, no sean protegidos por un acuerdo indemnizatorio que evite que puedan ser perseguidos y sometidos a la acción de la Justicia”, dijo Pujals.
Los manifestantes resaltaron que el Ministerio Público tiene la obligación de actuar conforme a lo establecido en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana.
Asimismo, recordaron a la institución que, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 200-04, la información requerida debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 días hábiles, con posibilidad de prórroga en caso excepcional.
El colectivo indicó que continuará con las acciones necesarias para garantizar que el proceso iniciado con la marcha del pasado 22 de enero no se detenga hasta que sean investigados y procesados los implicados, cancelados todos los contratos con la constructora y devuelto el dinero robado a través de sobrevaluaciones y sobornos.
El documento está firmado por Pujals y Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana.
