La Procuraduría General de la República ha solicitado auto de apertura a juicio y media de coerción en contra del exsenador y secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jesús (Chu) Vásquez Martínez, vinculado al caso de los sobornos de Odebrecht.
El procurador Jean Alain Rodríguez, mediante instancia remitida al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, pidió le sea impuesto al imputado el pago de una garantía económica de 20 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
El ministerio público sostiene, en la instancia que deberá ser notificada al imputado, que cuenta con pruebas firmes para demostrar sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos en contra de Vásquez Martínez, por considerar que sus números no cuadran.
Señala la acusación que Vásquez Martínez recibió cheques directamente, y que su esposa y su hijo también recibieron cheques, siendo estos documentos de la misma empresa usada por Rondón para sobornar también a Roberto Rodríguez.
También expone en la instan- cia que la investigación financiera confirmó la existencia de enriquecimiento ilícito y de un patrimonio exorbitante que el exsenador no puede justificar.
De su lado, el abogado de Ángel Rondón, doctor José Miguel Minier, dijo que su cliente está confiado y tranquilo, y espera que el juez que conozca el proceso dicte un auto de no ha lugar a favor del empresario.
Indica que el tribunal tiene 20 días para notificarle la acusación a las partes. Igualmente afirmó que demostrarán en audiencia que no hay suficientes elementos de pruebas en contra de su defendido.
En la solicitud de acusación formal, el ministerio público pidió al tribunal que envié a juicio de fondo a los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, el senador Tommy Galán, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez para que respondan por los hechos que le son imputados.
Sobre Andrés Bautista García, presidente del PRM, aduce que se verificó que durante los años que fungió como presidente del Senado, éste intervino en la aprobación de financiamientos de obras como la Ampliación de la Línea Noroeste y la Hidroeléctrica Palomino, y que el imputado falseó su declaración jurada y movilizó millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas, tratando de ocultar millones de pesos de origen ilícito, detentando hoy un multimillonario patrimonio que sencillamente no puede justificar.
Señala que el senador Tommy Galán se confirmó la existencia de un patrimonio que aumentó significativamente a partir del año 2010, justamente en el período en el que fungía como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, desde la cual, conforme los delatores de Odebrecht, influía en la aprobación del financiamiento de numerosos proyectos a cambio de prebendas, contando también con un patrimonio millonario que no puede justificar”.
De Roberto Rodríguez Hernández afirma que una investigación financiera realizada por el ministerio público encontró evidencia de pagos en cheques que le fueron realizados directamente por parte de una empresa de Ángel Rondón.
Precisa que los cheques de soborno eran recibidos y canjeados por el imputado y que la investigación arrojó que éste falseó su declaración jurada y ocultó numerosos inmuebles, productos financieros y empresas, para no revelar el sustancial patrimonio que había acumulado ilícitamente”.
De Ángel Rondón sostiene que era el representante comercial de la empresa y se le acusa de pagar los sobornos a los políticos y empresarios involucrados en el caso.
