En conferencia de prensa directivos de la entidad encabezado por su presidente, Cresencio Rivera explicaron que nuevamente se repite la historia, esta vez con más ruidos y descaro, porque después de las elecciones del 15 de mayo de este año han sido innúmeras las denuncias.
Manifestaron que la diferencia en esta aberrante práctica se realiza sin reparos, aunque ya el ordenamiento jurídico del país establece claramente que las áreas verdes son inembargables, imprescriptibles, intransferibles e innegociables, lo que se lo olvidó a algunos políticos obsoletos para lo que las leyes no cuentan.
“Esta práctica es ilegal e inconstitucional y los incurren en ella violan la Constitución, la Ley Municipal y la de Medio Ambiente, sin reparos y sin consecuencias para aquellos que cometen lo que debe ser tipificado como un crimen de lesa patria”, expresó.
Indicaron que las áreas verdes y franjas ribereñas cumplen funciones muy importantes y estratégicas, respecto a la protección, la regulación y el equilibrio ambiental de las ciudades; son reguladoras de la temperatura urbana, productoras de oxigeno, captadoras de dióxido de carbono.
Además reducen el calentamiento global, sirven de anidares y descanso a la fauna y favorecen la recreación, el esparcimiento y la convivencia comunitaria.
Dicen que producto de la pésima planificación urbana que siempre han tenido en la República Dominicana, donde las ciudades tienen un enorme déficit de áreas verdes que supera el 80%.
Rivera señaló que la Organización Mundial de Salud, establece en 9m2 de área verde por habitante como umbral mínimo y de 10 a 15 m2 de área verde/ habitante, como óptimo en las ciudades, para asegurar un estándar de vida adecuado.
“Mientras tanto, aunque años atrás se aseguraba un promedio de 4.7m2/habitantes para ciudades como Santiago de los Caballeros, la realidad es que esta proporción se ha reducido enormemente encontrándose muchos sectores virtualmente sin un metro de área verde”, precisó.
Afirman que ningún político se la ha ocurrido corregir este desbalance como forma de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, por el contrario su preocupación es aumentar sus activos enajenado y reduciendo esos espacios vitales en un pillaje interminable.
En tal sentido la SOECI demandó de la Liga Municipal Dominicana, el Gobierno Central y la Procuraduría Ambiental y General de la República, abrir una investigación y un espacio de comunicación con las organizaciones comunitarias de la sociedad civil, para establecer responsabilidades en los diferentes municipios.
Sostienen que la entrega de áreas verdes y espacios públicos para instalar casetas es otra forma de enajenar las áreas verdes y privar a los ciudadanos de transitar y accesar libremente a los servicios comunitarios.
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