SANTIAGO.-Para el sociólogo Enmanuel Castillo, director del diario La Información, el “Movimiento Verde” que auspicia la “Marcha Verde” llena el vacío creado por la falta de una oposición política efectiva en República Dominicana.
Conforme a Castillo se trata de una alternativa que emerge como única esperanza surgida a causa del escándalo moral provocado por el caso de corrupción de Odebrecht.
Las protestas evolucionan a nivel continental y estimulan la unidad de las fuerzas progresistas, las cuales se movilizan por el fin de la impunidad y contra el dolo, a juicio de Castillo.
En su análisis Castillo establece que “el Movimiento Verde aprovechando la deslegitimación del régimen y el conflicto interno que afecta al grupo gobernante, viene aplicando un efectivo plan de actividades de movilización ciudadana, que se anima bajo su consigna de fin de la impunidad contra la corrupción”.
A continuación el texto íntegro de la atinada observación sobre proceso revolucionario que sustenta al “Movimiento Verde.”:
En vez de la anomia
Un aspecto que caracteriza la situación nacional es el estado de anomia, de falta de ostentación, que vive el país, dentro del cual sobresale la débil y deteriorada oposición partidaria, frente a un partido y grupo gobernante que han conformado una fuerte dominación controlando las fuentes institucionales y económicas del poder político. La oposición no está jugando el rol de contrapoder que está llamada a jugar en un régimen democrático, para que pueda darse una competencia equilibrada entre las fuerzas políticas, de modo que se hagan viables y factibles los principios democráticos de la separación de los poderes y de la alternabilidad en la conducción del Estado.
La existencia de un partido hegemónico en capacidad de imponer un patrón único, que en nuestro caso es el de la “partidocracia clientelar” bajo el modelo del liderazgo que nos viene dado por la tradición de la “dominación personal” con su carga de ineficiencia y corrupción, le ha permitido a la cúpula gobernante controlar todos los poderes del Estado, al tiempo de convertirse en clase económica dominante y gobernante, lo que ha dado lugar a la monopolización del poder político. Como efecto, el grupo gobernante ha podido cerrar el circuito del poder, induciendo a la desintegración, división y succión, de gran parte de las fuerzas de oposición, haciéndolas desaparecer como oposición y como fuerzas sustentadoras de la institucionalidad democrática. Por eso uno de los resultados de ese desbalance material del régimen político es la tendencia del propio gobierno a violar la Ley, anulándola como herramienta central de la legitimación de la institucionalidad democrática, la que pasa a ser suplantada por las prácticas de la legitimidad fáctica que se asocian al ejercicio del poder autoritario, vertical, excluyente y oligárquico.
El agotamiento de las fuerzas de la oposición como contrapoder no solo se ha debido a la fuerza aplicada por el grupo gobernante, mucho más diestro en el ejercicio de los fundamentos y prácticas de la política, sino por la carencia de un liderazgo de oposición capaz de salirse del juego del “oportunismo” social que promueve la “partidocracia clientelar”. La pobreza política de ese liderazgo se evidencia en su incapacidad para interpretar la realidad nacional y para formular una propuesta alternativa entendible y atractiva que motive y cohesione una efectiva alianza clase media-clase popular que sustente una movilización colectiva en torno a la opción política de la oposición. Por eso los dirigentes de la oposición carecen de la fuerza persuasiva de un discurso a la nación que traduzca y represente a los sectores que aspiran a la institucionalidad democrática y a una estrategia nacional de desarrollo. El liderazgo opositor insiste en un individualismo oportunista que solo ve en la política una oportunidad electoral para alcanzar posiciones públicas o electivas, pero sin hacer la tarea política que esa aspiración encierra.
El vacío creado por la falta de una oposición efectiva, ha comenzado a ser llenado por el novedoso “movimiento verde”, el cual ha emergido como única esperanza surgida a consecuencia del escándalo moral causado por el caso de corrupción de Odebrecht, cuya evolución continental estimula y alienta a la “Marcha Verde”, movilización que ha asumido como finalidad ponerle “fin a la impunidad en contra de la corrupción”, flagelos éstos agravados por la dominación establecida mediante la aplicación de los mecanismos corrompidos de la “acumulación originaria” y que responden a la motivación esencial de la movilidad social de la nueva clase gobernante en formación.
El “movimiento verde” aprovechando la deslegitimación democrática del régimen y el conflicto interno que afecta al grupo gobernante, viene aplicando un efectivo plan de actividades de movilización ciudadana, que se anima bajo su consigna de “Fin de la Impunidad contra la Corrupción”. Pero esta movilización para la consecución de esa finalidad, debe encaminar sus pasos futuros siguiendo una estrategia que profundice la deslegitimación de la dominación establecida, ahondando la crisis y forzando a un nuevo “Pacto por la Democracia”, donde se logren los siguientes objetivos concretos: Primero, despolitizar la institucionalidad del poder judicial y del régimen electoral que le ponga fin a la impunidad y para garantizar elecciones libres, transparentes y en igualdad de condiciones de la cual surjan autoridades electas creíbles, confiables y legitimas; Segundo, consensuar y aprobar las reformas políticas pendientes, Ley Electoral y Ley de Partidos; y tercero, reconformar los organismos del Poder Judicial y de elecciones, para asegurar su independencia y la separación de los poderes, así como la viabilidad de la alternabilidad legitima.
Bajo esas directrices políticas el ‘movimiento verde” pudiera convertirse en el nuevo instrumento idóneo para restablecer la transición del país hacia una democracia institucionalizada y organizada que sirva de base para encausar la nación a un verdadero desarrollo económico sustentable y con equidad. 
