La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana saludaron la creación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas, el cual tendrá la misión de impulsar las normas y políticas de prevención de incumplimiento e irregularidades administrativas, conforme lo establece el decreto 36-21 emitido ayer por el Poder Ejecutivo.
“La institucionalidad democrática del país depende, en gran medida, de sus parámetros de transparencia en la gestión pública. La filosofía que se desprende desde programas de esta naturaleza apunta a la mejora continua de las instituciones, lo que implica el sostenimiento de los procesos implantados y la incorporación paulatina de otros nuevos a través de lo que se denomina ‘Nueva Gestión Pública’ ”, dijo en una opinión escrita el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños.
Sonia Díaz, coordinadora general de Participación Ciudadana, indicó que, de alguna manera, el Poder Ejecutivo detectó disparidad de criterios en las compras y contrataciones de las diferentes instituciones del Estado y con esta medida “está tratando de unificar criterios y tomar control del asunto”.
El decreto se emitió en un tiempo en el que han surgido cuestionamientos al proceso de licitación hecho por el Ministerio de Educación para adquirir 940,000 laptops, netbooks y tabletas para la educación a distancia, así como a la licitación internacional de 800,000 tabletas coordinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a raíz de un convenio con dicho ministerio.
La disposición del Poder Ejecutivo establece que el Programa de Cumplimiento Regulatorio en la Contrataciones Públicas se desarrollará bajo estándares internacionales ISO de gestión de cumplimiento y antisoborno, entre otros.
Manda a que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) cree un Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento Público que agrupe a los Oficiales de Cumplimiento Público de todos los órganos y entes de la Administración Pública, y cuyas atribuciones, rol y perfil serán definidos por la DGCP en su calidad de coordinadora nacional del Comité.
“Precisamente, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública exhorta a la adopción de estándares de cumplimiento de este tipo, ya que estos favorecen la eficacia de los propios sistemas de administración, información y eficiencia del Estado, dotando de previsibilidad a las actuaciones de cada uno de los entes públicos apuntando hacia la optimización y transparencia en el uso de sus recursos”, dijo Castaños.
Agregó que el conjunto de medidas descritas mediante el decreto 36-21 representan un avance significativo para el país, “lo cual expone nuevamente la urgencia de reformar la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, formando parte de un gran consenso nacional”.
“Somos de opinión que gran parte de las problemáticas de corrupción y transparencia están directamente vinculadas a debilidades propias de la normativa vigente sobre contrataciones públicas, tal como sucede en la ausencia de sistemas de consecuencias más sólidos”, dijo.
Enfatizó que, desde la Finjus, se ha reiterado la necesidad de implementar estándares mínimos de cumplimiento en los entes públicos, principalmente en todo lo relacionado al sistema de compras y contrataciones públicas.
“Esta medida representa un paso importante para la seguridad jurídica del país y el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, pero a la vez establece un nuevo desafío para los entes públicos de cara a armonizar los controles internos, la ética pública y los sistemas de cumplimiento”, expresó.
“Participación Ciudadana celebra y apoya todo tipo de iniciativa que busque prevenir la corrupción y el soborno en el Estado, en el entendido de que estos dos flagelos socavan la democracia y empobrecen más a la ya pobre población dominicana”, indicó su coordinadora general.
