Siguen las reacciones sobre la decsión del Tribunal Constittucional dominicano de romper la adhesión de la República Dominicana con al Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) saludaron este miércoles que el Poder Ejecutivo y otras instancias del Estado dominicano acojan la sentencia emitida por el Tribunal Constitución (TC), sobre la membrecía en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
El exvocero del bloque de senadores del partido morado, senador Arístides Victoria Yeb, indicó que lo que le conviene al Gobierno es acatar el fallo en todas sus partes emitida por el TC, debido a que es vinculante a todos los poderes del Estado.
“Esa sentencia es sinónimo de un golpe de Estado institucional, por el solo hecho de recomendar de manera obligatoria la modificación de nuestra Carta Magna”, acotó el representante de la provincia María Trinidad Sánchez.
Adujo que “en vista de que hay una persecución de la CIDH en contra del país, lo más importante es que ese tema no se ponga en agenda por el momento, ya que ese Tribunal esta prejuiciado con la medida tomada, especialmente en el caso de los haitianos que viven de manera ilegal”.
Significó que es mejor mantenerse al margen de esa corte, ya que en vez de beneficiar al país lo ha perjudicado y ha dado intenciones clara de pisotear la soberanía nacional.
El representante por la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán, sostuvo que la decisión del TC es inapelable y debe ser respetada como las anteriores sancionadas por esa alta corte.
Subrayó que la decisión tomada por la CIDH no está acorde con los esfuerzos realizado por el Gobierno de darle salida jurídica a un problema humano y social. “La República Dominicana está ejecutando todos los procesos legales, a fin de resolver este problema humano”, señaló Canaán.
En tanto, Charlie Mariotti, senador por Monte Plata reconoció que el Congreso Nacional no aprobó en el año 1990 que la República Dominicana sea parte de ese organismo internacional. Sin embargó defendió los esfuerzo que se realizan para que el Plan Nacional de Regularización y de Naturalización, a fin de resolver la situación que ha generado todos estos problemas. No obstante, aclaró que la salida de la CIDH no significa una rotura en la Organización de Estados Americanos (OEA).
PRSC respalda sentencia del Tribunal Constitucional sobre CIDH
El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) anunció hoy su “respaldo total” a la sentencia del Tribunal Constitucional que “inválida la adhesión del Estado Dominicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por no contar con la ratificación del Poder Congresional tal como lo establece nuestra Constitución”.
Así lo aseguraron en un comunicado difundido hoy en el cual el secretario general y portavoz de los diputados reformistas, Ramón Rogelio Genao, indicó que en las actas del Congreso “no existe ninguna aprobación de tratado o convenio alguno que dé jurisdicción a la CIDH sobre la República Dominicana, por lo que el PRSC respalda en un cien por cien” la decisión del Tribunal Constitucional.
“El Gobierno y ninguno de los funcionarios del Ejecutivo pueden comprometer en el cumplimiento ni al Estado, ni pueblo dominicano de lo que la Constitución no manda…sin importar quien diga lo contrario, las decisiones del CIDH no son aplicable al Estado, pueblo ni Gobierno Dominicano”, agrega.
A su vez, asegura que los gobiernos del PRSC y del PRD “nunca adhirieron” al país a la CIDH por las implicaciones y “manera irresponsable con que ese órgano maneja los temas” e igual que República Dominicana otros países no se afiliaron “o se desafiliaron” de dicho organismo.
Por ello, explica, no entiende las razones de algunos funcionarios peledeístas en insistir en la supuesta membresía del país en esa Corte.
“El Congreso Nacional, primer poder del Estado, no ha ratificado la membresía o afiliación del país a la CIDH por lo tanto no es soberana y ningún poder o funcionario alguno puede imponer al pueblo y al Estado lo que la Constitución no manda…gústele o no, ninguna sentencia del CIDH le es imponible a los Dominicanos”, revela.
Genao indica que el Ejecutivo sí está obligado con las decisiones del Tribunal Constitucional dominicano y que debe acoger la sentencia del mismo que inválida la adhesión a la Corte “y comunicar soberanamente vía cancillería al mundo que no pertenecemos ni reconocemos competencia al CIDH”.
“Con la soberanía no hay espacio para culebreos, malabarismos ni blandenguerías…..el Partido Reformista exige al Ejecutivo una posición clara, patriótica, responsable y ajustada a nuestro ordenamiento jurídico frente a las acciones injerencista y difamadoras de la CIDH contra el país” concluyó Genao.
Miguel Vargas saluda decisión del Tribunal Constitucional ante la CorteIDH
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, saludó hoy la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que considera inconstitucional la membresía del país en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH),
Vargas acogió la sentencia porque, según dijo en un comunicado, “es acorde a lo que establece nuestra Constitución sobre tratados y convenciones internacionales”.
El presidente del PRD lamentó “que existan algunas voces disidentes y que cuestionen la referida sentencia” pero señaló que “eso es parte del derecho de libertad de expresión del que disfrutamos los dominicanos y dominicanas, gracias a nuestro sistema democrático y afortunadamente para ellos y para nosotros, la sentencia del TC garantiza la soberanía de nuestra patria para todos, sin importar preferencias políticas ni de opiniones”.
“La soberanía de la República Dominicana es sagrada e innegociable. Ningún país, ni organismo internacional, ni tampoco ninguna Corte tiene derecho a trazar pautas sobre nuestra Constitución y nuestras leyes en materia de migración y el régimen de extranjería”, consideró el dirigente político en el comunicado.
Vargas dijo que “desde el primer momento habíamos advertido que la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no tiene efecto jurídico ni es vinculante con nuestra Constitución y nuestras leyes (…)”.
Asimismo, señaló que la sentencia dada a conocer ayer por el TC “debe servir de oportunidad para que las autoridades del Gobierno asuman con mayor dignidad, responsabilidad, firmeza y gallardía, la defensa de nuestra soberanía y se le recuerde a la comunidad internacional y a todo el mundo que la República Dominicana ha sido el país más solidario y colaborador con nuestros vecinos haitianos, pero no podemos ser los únicos en ayudar con los problemas económicos y sociales de Haití”.
El TC determinó que la República Dominicana no cumplió con los requisitos de su Constitución para firmar su adhesión a CorteIDH, por lo que no tendrá que acatar las sentencias de este organismo.
La decisión del TC dominicano sigue al rechazo por parte del Gobierno y otras instancias nacionales, de una reciente sentencia de la CorteIDH que condena al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.
La disposición de la Corte también ordena a República Dominicana a realizar cambios en su Constitución y a una ley sobre naturalización que ejecuta el país con el propósito de regular el estatus migratorio de miles de personas, en su mayoría haitianas y sus descendientes.
El Tribunal Constitucional dominicano entendió que el acto del expresidente de la República Dominicana (Leonel Fernández en 1999) por el que se reconoce la competencia de la CIDH “viola la Constitución vigente”, ya que, según su sentencia, esa adhesión no fue aprobada por el Congreso Nacional.
La decisión adoptada por el TC dominicano se produce después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiera la semana pasada a la República Dominicana, que acate y convierta en un “elemento clave” de su legislación la sentencia de la CorteIDH, que condenó al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.
La República Dominicana respondió el sábado pasado diciendo que resulta “inaceptable” e “imposible” acatar la exigencia.
“Resulta inaceptable para el pueblo y el Gobierno de la República Dominicana violar las disposiciones del Estado”, expresó el Gobierno.
Pared Perez asegura que la Constitución defiende con dignidad soberanía nacional
El doctor Reinaldo Pérez Perez, senador por el Distrito Nacional y aspirante a la Presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que la actual Constitución de la República expresa el más elevado sentido de dominicanidad y defiende con gallardía el concepto de soberanía nacional.
El legislador y secretario general del PLD, quien dirigió los debates de la Asamblea Nacional que aprobó la reforma constitucional más progresista, ponderó que la actual Carta Magna es una expresión genuina de orgullo nacional, que reivindica los postulados trinitarios y que debe llenar de orgullo a cada dominicano.
“Como presidente de la Asamblea Nacional que trabajó en esa reforma constitucional, puedo asegurar que primó el más alto sentido patriótico para de esa forma reverenciar la labor realizada por los patricios al declarar a la República Dominicana libre e independiente”, afirmó el aspirante presidencial a través de una nota de prensa servida a los medios de comunicación con motivo de conmemorarse este jueves el Día de la Constitución.
El doctor Pared Pérez manifestó que los dominicanos deben exhibir con orgullo la actual Constitución y “lo propio debe sentir en su morada final el profesor Juan Bosch, ya que con la Constitución de 1963 se propició el retorno de la democracia y con la aprobada en 2010 se consolida el orgullo nacional y se defiende la soberanía nacional”.
Garantizó que en un gobierno suyo el principio de soberanía estará garantizado y en su propuesta de gestión gubernamental se incluirá reformar los controles migratorios, sustentados en los postulados de la Carta Magna y la Agenda Nacional de Desarrollo. Añadió que ampliará los programas de control migratorio.
Este jueves 6 de noviembre se conmemora el 170 aniversario de la primera Constitución, aprobada en 1844, año en que se proclamó la Independencia de la República Dominicana. La última reforma a la Constitución se realizó en el 2010, bajo la dirección del doctor Pared Pérez como presidente de la Asamblea Nacional.
Abogado aclara fallo del TC no desvincula a RD de la CIDH
El abogado Namphi Rodríguez juzgó como un “error” la interpretación que se le ha dado a la sentencia 0256-14 del Tribunal Constitucional de que la misma desvincula al país de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, advirtió que para la República Dominicana renunciar a la competencia de la Corte Interamericana tendría que dejar de ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
“El procedimiento para la aceptación de la competencia de la Corte lo establece el artículo 62 de la Convención Americana y no existe norma alguna en la misma que faculte a los Estados que se han acogido a esa competencia a retirar su declaración de aceptación, por lo que el único camino que quedaría para un país como República Dominicana sería denunciar la propia Convención en los términos de su artículo 78”, subrayó el profesional del Derecho.
Sostuvo que una vez los Estados han manifestado su consentimiento, la Corte Interamericana ha definido la sujeción a su competencia como “una cláusula pétrea”, que no admite limitaciones fuera de su Estatuto ni acepta “razones de derecho interno” para desconocer unilateralmente su competencia.
“La Corte ha reiterado que al no haber un procedimiento de denuncia de su competencia, el procedimiento a seguir es el del artículo 78 de la Convención; es decir, con un preaviso de un año, notificar al secretario general de la OEA que se dejará la Convención, pese a lo cual la Corte retiene su competencia respecto de todos los hechos pasados que se denunciaron durante su vigencia”, indicó.
Rodríguez puntualizó que el acto de renuncia está reservado al presidente Danilo Medina, quien tendría que ponderar salir del sistema interamericano de derechos humanos, puesto que nos colocaría en una situación de Estado en el que no se observan los estándares internacionales protectorios de los derechos de las personas.
Sin embargo, admitió que para República Dominicana resulta un pesado fardo lidiar con la competencia de la Corte por la situación especial que se vive con los inmigrantes haitianos.
“Es un tema muy lamentable porque para el país la Corte Interamericana es una especie de espada de Damocles que pende sobre la yugular de la nación, puesto que por cada haitiano o descendiente de haitiano que acuda a esa instancia, habrá una sentencia en contra de la República Dominicana”, adujo.
Recordó que en un caso similar contra Perú, la Corte se pronunció en el sentido de que un Estado no puede retirar unilateralmente el reconocimiento a su competencia contenciosa, porque ello se asimila a una negativa a cumplir con el mandato de la obligación que se deriva de una decisión controversial.
RD no hizo reservas
Al hacer una ponderación de la incorporación de la República Dominicana a la competencia de la Corte, Namphi Rodríguez sostuvo que el Estado dominicano debió hacer uso de una “cláusula de reserva” sobre el tema de la nacionalidad para evitar situaciones con los inmigrantes haitianos.
Explicó que existen distintos modelos de incorporación y citó los casos de Costa Rica, que hace aplicación de las decisiones de la Corte directa y sin reservas; mientras Venezuela desarrolló la tesis de que lo vinculante para sí es la Convención Americana de Derechos Humanos y no los instrumentos orgánicos del tratado o la jurisprudencia de la Corte.
“Para Venezuela antes de denunciar la competencia de la Corte, el alcance de la Convención lo define la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese país, que es una especie de intérprete nacional de los tratados internacionales que vinculan al estado”, citó.
Colombia, de su parte, sostiene que la jurisprudencia de la Corte es un criterio especialmente relevante para la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humano; mientras que México la considera vinculante cuando la jurisprudencia y la doctrina tienen que ver con casos mexicanos y “orientadora” cuando esa nación no es parte en el caso que establece el precedente.
“Estos distintos matices en la interpretación de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es lo que ha permitido establecer un control de convencionalidad razonable para los países en temas sensibles como es el caso de la inmigración haitiana para la República Dominicana”, agregó Rodríguez.
El jurista abogó por promover un diálogo entre la CIDH y nuestro Tribunal Constitucional, a fin de que se puedan ponderar los intereses de ambas cortes en el contexto del nuevo constitucionalismo social.
