SANTO DOMINGO.- El senador Adriano Sánchez Roa advirtió este domingo que la instalación de una planta de explosivos fuera de la jurisdicción de la Intendencia del Material Bélico del Ministerio de Defensa, como pretende la Barrick Gold, ensancharía la inseguridad, ya que “grupos desaprensivos utilizan estos tipos de sustancias químicas y materiales explosivos para cometer actos terroristas en todo el planeta”.
“Fue demostrado que legal y técnicamente la instalación de esa planta de explosivos es un riesgo que no debe aceptar el país, sobre todo por la amplia distancia entre la mina y material bélico, pues resulta muy extenso el tiempo de reacción ante cualquier eventualidad, además de poca conexión con los centros de respuesta a emergencias y de comunicación”, dijo.
Explicó que “por eso, la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Senado, que preside el senador Carlos Castillo, se aboca en los próximos días a determinar los niveles de inseguridad nacional que provocaría el establecimiento de una Planta de Explosivos dentro de las instalaciones de la mina Pueblo Viejo Dominicana Corporation, Barrick Gold”.
Sostuvo que un informe de técnicos militares se oponen a estas pretensiones, resaltando razones de seguridad nacional, la inexperiencia de la empresa en el manejo de plantas de explosivos, posicionamiento geográfico (por la meteorología) de la mina, relaciones tirantes con la comunidad e inseguridad en el entorno.
El autor de la pieza legislativa y senador por Elías Piña precisó que esa solicitud viola la Constitución e indicó que las autoridades deben ofrecer una respuesta pública a la comunicación que enviara minera Pueblo Viejo Dominicana Corporation Barrick Gold al Gobierno Dominicano, donde solicitaron que se le autorizara montar en sus instalaciones de Pueblo Viejo, Cotuí, una planta para el almacenaje de materias primas y la fabricación de explosivos.
“Una planta de explosivos de ANFO y emulsión debe ser ubicada a corta distancia de la Intendencia de Material Bélico, bajo la custodia permanente de las Fuerzas Armadas, tanto en la fabricación como en el transporte y almacenaje de los explosivos, permitiendo a la fuerza pública tener un control completo y absoluto del manejo de las explosiones y sus materias primas”, dice el informe del Ministerio de Defensa, según la resolución de Sánchez Roa.
