La oposición brasileña obtuvo este martes los dos principales cargos de una comisión de senadores que analizará si la presidenta Dilma Rousseff debe responder a un juicio político y a su probable destitución.
En la primera reunión de la comisión se decidió que la presidencia de esta será ejercida por el opositor Raimundo Lira, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que rompió lazos con el gobierno y es conducido por el vicepresidente Michel Temer, quien asumiría el poder en caso de una destitución de Rousseff.
El cargo de instructor, que elaborará un informe que recomendará procesar a Rousseff o archivar el caso, lo ocupará Antonio Anastasia, del también opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Según el senador Linderbergh Farías, del Partido de los Trabajadores, la elección de Anastasia es una provocación y “mancha desde el primer día el trabajo de una comisión que tiene que decidir el futuro de una presidenta elegida con 54 millones de votos”.
La comisión, formada por 21 senadores con representación en la Cámara Alta, tendrá 10 días para debates, en los que serán escuchados tanto los responsables de la acusación como de la defensa de Rousseff, representada por la Abogacía General del Estado.
Concluidos los debates será votado el informe que elaborará el instructor, que en caso de ser aprobado y recomendar la apertura del juicio político contra Rousseff pasará al pleno del Senado.
Si la mayoría simple de los 81 senadores (41 votos) se inclina por la instauración del proceso, la mandataria será separada de su cargo durante los 180 días que puede demorar el proceso y sería sustituida durante ese lapso por Temer.
En caso de que el juicio concluya con la destitución de Rousseff, el actual vicepresidente deberá completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
El pasado 17 de abril la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes.
La mandataria enfrenta un golpe de Estado bajo la figura de juicio político, según denuncian diversos sectores de Brasil.
De aprobarse, sería sustituida por el actual vicepresidente Michel Temer, quien rompió alianza con el Partido de los Trabajadores (PT) y contra quien pesa también un pedido de proceso de juicio político.
