El Senado brasileño aprobó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, poniendo fin a un enfrentamiento de un año que paralizó la economía más poderosa de Latinoamérica y puso al descubierto profundas brechas en la población en todos los ámbitos, desde las relaciones raciales hasta el gasto social.
La decisión fue por 61 votos contra 20.
Aunque la destitutción de Rousseff era algo esperado, la medida fue un capítulo crucial en una colosal pugna política que está lejos de concluir. Rousseff fue la primera mujer en ejercer la presidencia de Brasil, con una carrera histórica que incluyó ser parte de la lucha guerrillera en los años setenta y ser encarcelada y torturada por la dictadura de entonces.
El año pasado, fue acusada de utilizar medios ilegales para ocultar agujeros en el presupuesto federal, y argumentan que ello exacerbó la recesión, la inflación y los despidos.
Rousseff rechazó las acusaciones una y otra vez. Recordó que presidentes anteriores usaron esas mismas prácticas de contabilidad y denunció que la iniciativa para destituirla no era menos que un golpe de estado disfrazado protagonizado por las élites adineradas molestas con las políticas populistas que ella y su Partido de los Trabajadores ha implementado en los últimos 13 años.
Como telón de fondo durante la toda la crisis estaba la amplia investigación sobre sobornos multimillonarios en la petrolera estatal Petrobras. Debido a esas averiguaciones han ido a parar a la cárcel decenas de empresarios y políticos de todas las tendencias, y muchos de los legisladores que votaron contra Rousseff están envueltos en el escándalo.
Rousseff argumentó que muchos de sus adversarios querían sacarla de la presidencia para salvarse políticamente al interferir con la investigación de Petrobras, algo que ella se había negado a hacer.
Pero lo cierto es que muchos brasileños la consideraban responsable de la corrupción aun cuando ella no se vio directamente implicada. Argumentaban que no había forma de que ella no supiera lo que estaba pasando, ya que muchas de las prácticas irregulares ocurrieron cuando su partido estaba en el poder.
La destitución de Rousseff abre muchas interrogantes. Michel Temer, quien fue su vicepresidente y luego su némesis, tendrá que terminar el mandato de la presidenta, que concluye en el 2018. Pero los brasileños ya han visto a Temer actuar como presidente interino, y no les agrada para nada.
En mayo Temer asumió como presidente interino luego que el Senado suspe ndió a la mandataria. Temer, de 75 años de edad, designó un gabinete integrado exclusivamente de hombres blancos, una decisión fuertemente criticada en un país donde más de la mitad de la población no es blanca. Tres de sus ministros fueron obligados a renunciar a las pocas semanas de asumir sus cargos debido a acusaciones de corrupción, que también ensombrecen a Temer y amenazan su presidencia.
Cuando Temer anunció la apertura de las Olimpiadas el 5 de agosto, fue abucheado con tanta fuerza que se mantuvo lejos de la luz pública por el resto del evento.
Los aliados de Rousseff han prometido apelar la decisión ante la Corte Suprema. Aunque recursos judiciales anteriores no lograron frenar el proceso de impugnación, por lo menos las batallas legales mantendrán el tema en el candelero.
