SANTO DOMINGO.- El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la ley que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial.
Las reformas legislativas establecen ampliar las facilidades tecnológicas y normativas para el uso de la firma digital o electrónica calificada por parte de los jueces, secretarios y servidores judiciales y auxiliares de la justicia, así como de los actores activos y pasivos del sistema, lo cual es vital para asegurar la autenticidad, integridad y validez.
Asimismo, establece que la tramitación ante el Poder Judicial se realizará de manera digital, manteniendo la garantía del acceso presencial en las sedes de la institución.
Las innovaciones judiciales buscan, además, implementar un sistema georreferenciado para documentar el lugar, la fecha y la hora de las diligencias de los alguaciles, a fin de mejorar la seguridad jurídica, a través de la trazabilidad y la certeza en la ejecución de sus actos procesales, así como el acceso opcional a audiencias virtuales para que, en caso de falta de consenso, sea el juez quien determine la modalidad, en atención a las circunstancias particulares del caso y la especialidad de la materia.
OTRAS INICIATIVAS
El Pleno del Senado también sancionó el proyecto de ley que crea el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, propuesta de los senadores Cristóbal Venerado Castillo, Pedro Catrain y Julito Fulcar Encarnación.
La pieza busca garantizar la calidad y la ética en el ejercicio de la contaduría pública en un entorno económico cada vez más complejo y globalizado, destacando la importancia de una profesión contable sólida y confiable, crucial para el desarrollo sostenible de la economía.
El texto indica que la creación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados se enmarca en la necesidad de fortalecer la profesión contable en el país, promoviendo la calidad, la ética y la transparencia en el ejercicio profesional. Esto permitirá mejorar la confianza de los ciudadanos y las empresas en la información financiera, y a su vez, contribuir al desarrollo económico y social del país.
Además, argumenta que la profesión contable carece de un marco regulatorio claro y preciso y que la falta de regulación y supervisión efectiva puede generar riesgos para la economía y la sociedad.
La propuesta de creación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados como entidad con personería jurídica y patrimonio propio regulará la profesión contable, garantizará la calidad y ética en el ejercicio de la contaduría pública, la protección de los intereses de los contadores públicos autorizados y la promoción de su desarrollo.
