PUERTO PRINCIPE. Al igual que en el Senado, la comisión de investigación de la Cámara de Diputados de Haití que investigó la muerte del juez Jean Serge Joseph recomendó a la Asamblea Nacional investigar y enjuiciar al presidente Michel Martelly, al primer ministro, Laurent Lamothe, y el ministro Justicia, Jean Renel Sanon.
Los parlamentarios acusan a las más altas autoridades haitianas de “falso testimonio”, al negar su participación en una reunión en la que supuestamente ejercieron presiones sobre el juez de instrucción que investigaba las denuncias de corrupción contra la esposa del mandatario, Sophia Saint-Rémy, y al hijo de ambos, Olivier.
De acuerdo con las conclusiones del informe de los legisladores, los representantes del poder ejecutivo presionaron al juez de instrucción Jean Serge Joseph, en una reunión celebrada el 11 de julio de este año en el despacho de Gary Lissade.
Dos días después el magistrado fue encontrado envenenado.
Los diputados recomendaron al Consejo de la Magistratura (Consejo Supremo) sancionar el decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Raymond Jean Michel, que, según ellos, habían llevado al juez a la reunión del pasado 11 de julio.
Las autoridades han negado su participación en cualquier reunión con el juez Joseph, aunque a principios de agosto, el informe de la investigación del Comité Especial del Senado confirmó que el Jefe de Estado, el Primer Ministro y el ministro de Justicia habían estado presente y conversado con el juez Jean Serge Joseph en el despacho de Garry Lissade, el 11 de julio de 2013.
De acuerdo con los comisionados durante la reunión facilitada por el decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Jean Michel Raymond, el fallecido juez había estado bajo presión y amenazas graves por los dos jefes del Ejecutivo y el ministro de Justicia. “La investigación encontró que la reunión se llevó a cabo. Y las autoridades han tomado parte.
La parte del Consejo Supremo que está investigando una posible reunión entre el ejecutivo y el poder judicial, los siete miembros de la judicatura han acusado al presidente del Consejo Supremo, Anel Alexis José, de “oponerse a que los políticos señalaron dedo en el contexto de este caso se escuchan”.S