La Suprema Corte de Justicia (SCJ) apoderó al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional del expediente en contra de cinco agentes de la Policía acusados de participar en la muerte a tiros de un taxista y un mecánico en Baní, el 11 de diciembre del 2016.
El pleno del Alto Tribunal acogió el pedimento de los abogados de la defensa de los ex miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) por alegada “seguridad pública” y “sospecha legítima” contra los magistrados que conocieron el proceso y que le impusieron prisión preventiva a los cincos agentes envueltos en la muerte del taxista Rubén Darío Díaz Pimentel y del mecánico Tirson Báez Mejía.
Pese a que son cinco los acusados en dicho caso, el pedimento de declinatoria, que cayó en el juzgado de instrucción del magistrado Bernardo Coplin García, los rubrican solo los tres encartados Robinson Antonio Ovalle Geraldino, Alejandro Bidó Encarnación y Jesús Sarita Vásquez, representados por sus abogados Ernesto Félix Santos, Adolfo Salasier Sánchez, Rafael Vásquez Santana y Josías Benjamín Durán, indica una nota de prensa.
“En el expediente también figuran los agentes Fanny Mercedes Mejía y Samuel Herrera Peguero, quienes guardan prisión en la cárcel de Operaciones Especiales, en la Capital, luego de que el pasado el 8 de marzo del pasado año se le conociera medida de coerción, en el Tribunal de Atención Permanente de Baní”, aduce.
Agrega que entre los argumentos que señalaron los abogados de la barra de la defensa de los ex militares, para solicitar la declinatoria que fue acogida por la SCJ, está el hecho de que a cada audiencia del juicio preliminar que se le siguió a los imputados, se presentaban los familiares de los occisos acompañados de más de un centenar de personas como forma de presionar al juez Bartolomé Castillo, que conocía el caso.
Aduce que Kenia Peña, viuda del mecánico, y Arabellys Díaz, hermana del taxista, se constituyeron en parte civil ante la Fiscalía de la provincia y lograron el apresamiento de los agentes involucrados en el confuso incidente que dio al traste con la muerte de Díaz Pimentel y Báez Mejía.
“El hecho de sangre ocurrió, en la carretera Bani-Sombrero, cuando más de veinte miembros élites del Dicrim, daban seguimiento a un grupo de delincuentes que supuestamente planificaban secuestrar al comerciante Roy Peña, empresario banilejo ligado al sector ferretero, e iniciaron una balacera con los presuntos atracadores, momentos en que los hoy occisos se desplazaban con sus vehículos por el lugar, y fueron víctimas del fuego cruzado”, dice el documento.
