Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Rusia despertaron este domingo frente a una nueva realidad: Ahora operan bajo una ley que permite al gobierno perseguirlas como “indeseables” y sus trabajadores pueden ser sentenciados hasta a seis años de prisión.
Esta nueva medida, promulgada el sábado por el presidente Vladimir Putin, provocó el descontento internacional.
El Departamento de Estado estadounidense dijo que era “profundamente problemática”, y Amnistía Internacional advirtió que la ley amenaza “libertades fundamentales”. Human Rights Watch la llamó “una pieza de legislación represora”.
“Amenaza al orden constitucional”
La ley que pasó este fin de semana en ambas cámaras del Parlamento ruso indica que una organización de la sociedad civil extranjera puede ser catalogada como indeseable si constituye una amenaza al orden constitucional de la Federación Rusa o a la seguridad del país.
La clasificación de “indeseable” puede ser hecha por el fiscal general del país o sus subalternos, en conjunto con el ministerio del Exterior. Penas civiles y criminales pueden ser impuestas si el organismo continúa sus actividades en Rusia luego de haber sido catalogada.
La ley también apunta a grupos o individuos rusos que tengan “relación” con las asociaciones non gratas.
Quienes apoyan esta ley dicen que es necesaria para detener a las “organizaciones destructivas” que amenazan al Estado ruso. Pero sus detractores la señalan como una medida dirigida a suprimir la oposición y restringir las libertades en el país.
Ley dirigida a los ciudadanos rusos, no a grandes organizaciones
Tanya Lokshina, directora del programa de Human Rights Watch en Rusia, dijo que esta nueva ley tiene “el potencial para dañar severamente nuestro trabajo en Rusia” y era causa de preocupación para todas las asociaciones internacionales que trabajan en el país.
Sin embargo, dijo que no considera que la ley fuera dirigida a organizaciones internacionales como la suya. En cambio, indicó que estaba destinada a rusos que pudieran colaborar o apoyar a estas instituciones.
“La ley no especifica lo que una ‘relación’ implica”, escribió Lokshina en un artículo publicado en línea. “Así que todo es posible. Distribuir (incluso publicar en línea) comunicados, reportes u otro material ‘indeseable'”, participar en eventos o incluso hablar con miembros de la organización puede ser causa de persecución.
En otras palabras, Lokshina estima que hasta darle retuit a una organización indeseable puede llevarlos a prisión.
“Exprimirle la vida a la sociedad civil rusa”
“Los objetivos de la nueva legislación contra las organizaciones extranjeras e internacionales son, de hecho, los activistas y grupos rusos”, indicó Lokshina. “La ley busca alejarlos de sus aliados internacionales y exprimirle la vida a la sociedad civil rusa”.
Como muchos otros, la directora de Human Rights Watch en el país criticó la vaguedad del lenguaje de la ley, diciendo que parece haber sido designada para implementación selectiva.
