La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, insistió hoy ante el Senado en que si fuera destituida en el juicio político al que está sometida, se deberán convocar unas nuevas elecciones, para devolverle al país un “gobierno legítimo”.
En la sesión convocada para la presentación de sus alegatos finales ante el pleno del Senado, constituido en tribunal, Rousseff insistió en que si fuera desalojada del poder “se habrá presenciado una elección indirecta”, en las que los 81 senadores “sustituyan a los 110 millones de votantes” que tiene Brasil.
El juicio político está en sus tramos finales y el Senado deberá tomar una decisión definitiva sobre la eventual destitución de la presidenta este mismo martes o a más tardar el miércoles, según las previsiones de la propia cámara legislativa.
Si Rousseff perdiera efectivamente el cargo, seguirá en el poder su antiguo vicepresidente, Michel Temer, quien la sustituye desde el pasado 12 de mayo en forma interina pero completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de su destitución.
“Creo sinceramente que si hubiera una decisión que autorice mi destitución sin que se haya comprobado un crimen, estaremos frente a un golpe de Estado y también frente a una elección indirecta”, dijo Rousseff en la fase de preguntas a las que la someten los senadores.
Según Rousseff, una elección “indirecta supone un retroceso en relación a prácticas que el país ha superado tras la dictadura” que gobernó entre 1964 y 1985 y representaría “un pacto político” sin el “consentimiento” de la población.
