Puso como ejemplo el caso del consulado de Nueva York, comparando los precios de los servicios del año 2018, con los ofrecidos en la actualidad y asegurando que el dinero recaudado se maneja a discreción por cada cónsul y no va dirigido a cuentas del Estado.
“No es justo permitir que el costo de los documentos y servicios consulares sean decididos, fijados y administrados discrecionalmente por cada cónsul, y obedeciendo al presupuesto personal de éstos y que el recaudo por este concepto no vaya a las cuentas del Estado, sino a las cuentas particulares de esos funcionarios”, indicó en una documentación.
Rosario Márquez, indicó que para eliminar la discrecionalidad y “estos nichos de enriquecimiento personal, a costa de los dominicanos en el exterior”, no se requiere de una reforma, ni de modificación a la ley; ya que es suficiente con que haya voluntad de implementar políticas de Estado en beneficio de estos ciudadanos.
Cito que para el año 2018 la renovación del pasaporte costaba US$125 y ahora US$130; la renovación por perdida US$140 y en la actualidad US$170. También el cambio del pasaporte por deterioro tenía un precio en 2018 de US$145 y en este año cuesta US$170.
Asimismo, solicitó que se elimine el cobro de US$160.00 a los hijos de dominicanos nacidos en el exterior para éstos acreditar su condición de dominicanos, ya que esta labor la viene realizando la JCE de manera gratuita desde el año 2015, requiriendo únicamente la traducción y apostillamiento en los casos que se apliquen.
“Entendemos que los dominicanos, muchos de ellos expuestos al exilio económico pese al deseo de vivir en su tierra natal, deben ser comprendidos en sus esfuerzos, en sus aportes a la economía a través de las remesas, y sobre todo, en el sacrificio que la mayoría de nuestros connacionales hace para subsistir, teniendo en muchos casos que vincular sus jornadas de trabajo en factorías, con trabajar como limpiadores y servidores en restaurantes y otros tipos de negocios, para completar sus compromisos”, dijo.
Otra agravante de la situación, a su entender, es que los cónsules dominicanos no están limitados por ninguna norma ejecutiva para el uso de los recursos recaudados, pudiendo disponer de los ingresos a discrecionalidad, lo cual hace que esas dependencias del Estado, puedan ser utilizadas como medios de aumentar las arcas personales de sus incumbentes.
“Ésta es una laguna no exclusiva del consulado de New York, sino que predomina en el sistema del servicio exterior. Nuestra crítica no es un cuestionamiento personal a quienes ejercen las funciones de cónsules, ni una manifestación de dudas respecto a la honorabilidad de ellos. Lo que decimos es que es necesario regular esa situación, institucionalizarla”, concluyó.