La Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido siete querellas con constitución en actor civil contra el comunicador Ángel Martínez, incluyendo una presentada por el dirigente político Roberto Fulcar Encarnación por presunta difamación e injuria.
Estas querellas han sido depositadas en el departamento de atención al ciudadano y remitidas al departamento de crímenes y delitos de alta tecnología, donde los fiscales inician la investigación contra el presentador del canal de YouTube “Detective Ángel”.
A estas acciones legales se suman dos querellas pendientes en la Fiscalía de Santiago, presentadas por el empresario santiagués Arnulfo Gutiérrez y el diputado Gregorio Domínguez, también por presunta difamación e injuria. Además, hay una querella interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y otra en curso en un tribunal, interpuesta por el diputado Sergio Moya.
En la querella de Roberto Fulcar, interpuesta a través de los abogados Ingrid Hidalgo y Edwin Acosta, se solicita la apertura formal del proceso penal contra Ángel Martínez, así como la imposición de medidas de coerción y la persecución judicial por los delitos de difamación e injuria, conforme al marco legal vigente.
Según la querella, desde mediados de diciembre de 2022 hasta la fecha, Ángel Martínez ha mantenido una campaña de descrédito contra Fulcar a través de su canal de YouTube y redes sociales. Lo ha acusado de haber recibido dinero del narcotráfico, de estar implicado en investigaciones por parte de agencias estadounidenses y de haber delatado a figuras políticas y gubernamentales dominicanas.
Se señala que, en una transmisión del 17 de diciembre de 2022, Martínez afirmó que Fulcar presuntamente recibió 150 millones de dólares del narcotráfico y que sostuvo reuniones con fiscales de la DEA para cooperar con investigaciones en curso.
También mencionó supuestos sobornos entregados —en presencia de Fulcar— por figuras actualmente detenidas en Estados Unidos a políticos del país. Además, utilizó expresiones degradantes y ofensivas para referirse al exministro de Educación, atentando contra su dignidad, honor, imagen y moral.
En la querella, Fulcar argumenta que tales declaraciones son “absolutamente falsas, carentes de sustento y han generado un profundo daño a su imagen personal, su integridad profesional y su entorno familiar y social”, motivando así la acción legal.
La instancia presentada por el pasado coordinador general de campaña del presidente Luis Abinader está respaldada por testimonios de ciudadanos que confirman el impacto público negativo de las declaraciones, así como por pruebas médicas que certifican que el viaje del Dr. Fulcar a Estados Unidos respondió estrictamente a razones de salud, descartando cualquier otra intención oculta o vínculo con procesos judiciales en ese país.
Entre las pruebas depositadas figuran:
Historia clínica del doctor Roberto Fulcar, emitida por médicos en República Dominicana y en Estados Unidos.
Testimonios de ciudadanos que dan cuenta del alcance y la percepción pública de las declaraciones difamatorias.
Evaluaciones médicas del Massachusetts General Hospital y otros centros de salud en Boston, Massachusetts.
En la instancia se pide una indemnización de 50 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionada por Martínez
