El río Nizao es uno de los más importantes de la República Dominicana, y no es para menos. Su cuenca ubicada en la región sureste del país abastece de agua potable a más de 1.7 millones de personas y suministra el 40% del agua potable a la ciudad de Santo Domingo. Asimismo, produce agua de riego que beneficia el regadío de 14,000 hectáreas de vocación agrícola en las provincias de Peravia y San Cristóbal.
Sumado a esto, dicho recurso hídrico tiene y produce tanta agua que favorece la generación de energía eléctrica a nivel nacional a través del complejo de presas hidroeléctricas (Jigüey, Aguacate, Valdesia) y el contraembalse (Las Barias) construidas sobre su cauce. Entre todas tienen una potencia instalada de 204 megavatios que, según datos, representan la tercera parte de la capacidad hidroeléctrica total instalada en el país.
Aún con este latente aprovechamiento del río Nizao para el consumo de agua potable en los hogares, y sus aportes a la agricultura y electricidad, sus turbinadas aguas no escapan de las agresiones que amenazan su conservación.
Como ejemplo, a su paso debajo el puente de Lucas Díaz, ubicado en la provincia de San Cristóbal, las riberas del afluente son afectadas con el cúmulo de desechos sólidos depositados por los residentes de la comunidad que lleva igual nombre que la infraestructura. Por igual, en este punto sufre con el vertido de aguas servidas que provienen del sector de Santana en la misma demarcación.
Comunitarios de esta zona, entrevistados por elCaribe, reconocen que en esta parte del río se ha descuidado su protección por parte de quienes habitan en sus cercanías.
