El abogado José Ricardo Taveras denunció este domingo que en el gobierno hay una fuerte corriente animada a destituir a Milton Ray Guevara de sus funciones de presidente del Tribunal Constitucional (TC) y colocar en su lugar una persona de la más absoluta confianza del presidente de la República, a fin de potenciar la posibilidad de la habilitación judicial de la reelección y contrariar la sentencia TC/168/2013, entre otras cosas.
Informó que en caso de que el Presidente ceda a esa tentación, se estarían barajando la posible designación de uno de los ya seleccionados y pendiente de publicación de su nombramiento, José Alejandro Ayuso o a la actual magistrada Isabel Bonilla para sustituirlo; ésta última, indicó, es la favorita de los sectores de palacio, no sólo cumplir con el perfil de confianza del presidente Danilo Medina y del ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, sino por considerar que su condición de mujer y miembro en funciones, amortiguaría el peso de la carga política y la resistencia del propio tribunal al cambio de liderazgo en el TC.
El también secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) expresó que “por suerte hasta ahora, el presidente, aunque le agrada el plan, no se encuentra totalmente convencido de la conveniencia de esa audaz jugada sorpresiva que se procura.”
A través de una nota de prensa, anotó que ciertamente no queda del todo claro en la normativa constitucional y legal que el nombramiento del presidente del TC sea por todo el período, razón por la que esos sectores aducen que sería perfectamente posible una interpretación legal que sustente la posibilidad del nombramiento de un nuevo titular por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); al referirse a esa posibilidad, dijo “confiar en que el sentido de prudencia del señor presidente de la República se imponga.”
En otro orden, Taveras Blanco expresó que el CNM y especialmente el presidente Medina, que ejerce un liderazgo contundente e inequívoco del mismo, “deben considerar, que si bien es cierto que tienen todo el derecho, la facultad para designar a los jueces, el poder de imponer una interpretación discutible de un cambio en el liderazgo del tribunal y a impregnar su visión a través de jueces que reflejen el perfil de su pensamiento, no deben obviar que el pueblo les esta hablando, y que en ese mensaje resultan obvias las diferencias de las rutas asumidas por el gobierno y las que el pueblo desea para su futuro, por lo que, la elección de jueces comprometidos con una visión ideológica contraria a los preceptos de la sentencia TC/168/2013 y con la posibilidad de la habilitación judicial de la reelección, generarán una gran contrariedad con la mayor parte de la población dominicana.”
Adujo que el tema no resulta ser únicamente un tema de cambio de la identidad ideológica del tribunal, sino, que en el caso de que los magistrados que quedan a cargo sostengan sus posiciones y dado el quórum especializado de nueve votos que requiere toda sentencia del TC, podrían cerrar toda posibilidad de que el tribunal decida sobre temas de especial trascendencia para la sociedad dominicana, algunos de ellos sin precedentes, lo que castraría de hecho el órgano que tendría que dedicarse a resolver asuntos nimios.
“El tema de que los jueces vengan o no del ámbito político no me parece trascendente siempre que los candidatos reúnan determinado perfil, ese discurso corresponde a intereses especiales que desean poner la comunidad política a sus pies y asaltar ese tipo de órganos desde la presión mediática. Sin embargo, no resulta ser lo mismo el pesado tema de la preservación ideológica del tribunal en lo que respecta a la identidad nacional, el cual podría implosionar el tribunal y hasta generar confrontación social si se dieren circunstancias especiales con el tema migratorio, sin menosprecio de la posibilidad de habilitación judicial de la reelección, que generaría una crisis de gobernabilidad.”
El también ex director general de Migración anotó que el CNM comete un gran error al dar por descontado el relevo de los cuatro jueces con períodos vencidos, toda vez que se les debe dar el mismo tratamiento que se les da a los jueces de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de ser objeto de una evaluación de desempeño, pues, excepcionalmente, éstos tienen todo el derecho a ser reelectos para un nuevo período a la luz del párrafo del artículo 187 de la constitución. “No es justo que se presuma que no aspiran y mucho menos que sean sometidos a una nueva evaluación, cuando lo que se estila para las altas cortes es que se les haga una evaluación de desempeño.”
Criticó la falta de madurez e hipersensibilidad con que dijo algunos sectores han reaccionado ante las críticas que viene recibiendo algunos de los candidatos, a quienes se les viene cuestionando desde un plano puramente conceptual, para nada personal, por lo que debe respetarse el derecho que tiene la población a cuestionarlos por las razones que fueren legítimamente posibles, que nadie debe meterse debajo de la cama por temor al terrorismo mediático que estigmatiza esos cuestionamientos.
“El pueblo tiene todo el derecho de gritar a toda voz que no se designen jueces comprometidos ideológicamente contra la sentencia TC/168/2013, como lección de ello no podemos olvidar el muy reciente debate de la designación del juez Brett Kavanaugt en la corte suprema de justicia de los Estados Unidos, donde se llegó incluso hasta la difamación, la sociedad debe expresarse y ejercer su derecho a tachar, los del poder que decidan y se atengan a pertinencia política o no de sus decisiones.”
