El juez José Reynaldo Ferreira Jimeno acogió una solicitud presentada por Domínguez Brito y los demás miembros del Consejo, quienes alegaron que el embargo fue irregular y carecía de base legal.
Las cuentas habían sido embargadas por la exfiscal de San Pedro de Macorís Soraine Asunción Vargas, cancelada de su puesto en diciembre de 2012, y posteriormente favorecida con una orden de reposición que no fue acogida por el Ministerio Público.
La Procuraduría General de la República había acusado a Vargas de recibir un soborno de medio millón de pesos en una operación vinculada al narcotráfico.
Con relación a ese caso, el Tribunal Constitucional fue apoderado de un recurso de revisión de amparo, interpuesto por la Procuraduría Administrativa en contra de la sentencia que dispuso la restitución de la exfiscal y que solicita la suspensión de ejecución de la sentencia que ordena el pago del astreinte.
El Ministerio Público ha sido instruido para que pida la pena máxima que se impone en estos casos, que es de 20 años de prisión, por los graves hechos de corrupción de la cual está acusada la ex integrante de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, informó la Procuraduría.
Esta oposición o embargo afectó las cuentas en las cuales se depositan los salarios de los miembros del Ministerio del Público integrantes del pasado Consejo Superior del Ministerio Público, por valores que oscilan entre 200,000 y 300,000 pesos, según los casos.
