SANTO DOMINGO. El ministro de Defensa, miembros del Estado Mayor, junto a ex funcionarios militares y civiles, representantes del cuerpo consular y algunos recién nombrados en el tren gubernamental integran la lista de quienes no han realizado sus declaraciones juradas de patrimonios, en cumplimiento con la nueva Ley 311-14.
El inventario integrado por 50 funcionarios activos y destituidos que se rehusaron a declarar sus patrimonios fue enviado a la Procuraduría General de la República por la Cámara de Cuentas para que se proceda acorde a la ley.
Entre los actuales funcionarios que no han cumplido están Maximiliano William Muñoz Delgado, ministro de Defensa; Rubén Darío Paulino Sem, viceministro para Asuntos Militares; Pedro Cáceres Chestaro, inspector general de las Fuerzas Armadas; Emilio Recio Segura, subcomandante general de la Armada de la República Dominicana; y Rafael Alegría Arias, inspector general de la Fuerza Aérea Dominicana.
Además, Richard Vásquez Jiménez, comandante de la base Aérea de Puerto Plata; Félix Alburquerque, jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y Huáscar Darío González Payano, director general del Cuerpo Especializado en Control de Combustibles.
Asimismo, Luis Armando Asunción, superintendente de Bancos; Radhamés Valenzuela, viceministro de Agricultura para la Producción; Claudio Jiménez, administrador de Mercadom; María Cleofia Sánchez, directora del Parque Santo Domingo Norte; Franklin Mayreni Castillo, viceministro de Turismo para la región Este y Julio Almonte, vicetitular de ese ministerio para Puerto Plata y región Norte. También Kenia Lora, miembro del Consejo de Administración del Banco de Reservas y Martín Zapata, viceministro de Hacienda para el Área de Políticas Tributarias
Entre los nuevos miembros del cuerpo consular están los cónsules Eduardo Sánchez, de Miami; Carmen Milagros Almonte Blanco, de Boston; Adriano Rafael de los Santos Galva, de Barcelona; Esteban Antonio Cruz, de Cabo Haitiano ; Jaime Manuel Antonio Santelises Rodríguez, de Venezuela y la consejera de la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Grace de Moya. Asimismo, los ministros consejeros Nikauly de la Mota, en México; Marino Castillo Lacay; en Brasil y Andrés Bocio Fortuna, en Belladere, Haití.
En tanto que entre los ex funcionarios que no han reportado sus declaraciones se encuentran los ex inspectores Gerardo de los Santos Mora, de las Fuerzas Armadas; Miguel Ángel Burgos García, del Ejército y Manuel de Jesús Mañana Gutiérrez, de la Armada de la República Dominicana; el ex viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, Ismael Antonio Alvarado y el ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Amílcar Fernández.
De igual modo, el ex director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), Juan Gerónimo Brown Pérez; el ex jefe de la Policía Militar Electoral de la Junta Central Electoral (JCE), Napoleón Terrero Feliz; el ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, Joaquín Augusto Peignand Ramírez; el ex director de Instituto Nacional de Formación Técnico y Profesional (INFOTEP), Idionis Pérez; el ex superintendente de Bancos, Rafael Camilo; el ex administrador de Mercadom, Eusebio Guzmán y el ex superintendente de Pensiones de la Seguridad Social, Joaquín Gerónimo.
También los ex directores de los hospitales Militar Dr. Ramón de Lara, Carlos Jiménez Miranda y Central de las Fuerzas Armadas, Mayra Duval de Mancebo; los ex directores de servicios tecnológicos del Ministerio de Defensa, Abraham Luna Rodríguez; de Catastro Nacional, Bolívar Marte; de Autoridad Portuaria Dominicana, Ramón Rivas y el ex presidente de la Junta de Aviación Civil, Luis Rodríguez Ariza. El ex presidente de la Comisión Nacional de Energía, Enrique Ramírez; el ex director del Parque SDN, Reinaldo Soriano; el ex viceministro de Turismo en el Este, Rafael Barón Duluc; el ex subdirector del Centro de Exportación e Inversión de la RD, Carlos Pared; el ex miembro del consejo de administración del BanReservas, Domingo Dahuajre; el ex cónsul en Miami, Amaury Ríos; y el ex presidente del consejo de directores de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega, Francisco Coronado Nivar.
Lo que dice la Ley
De acuerdo con la Ley 311-14, aquellos funcionarios que no presentaren su declaración en un plazo de 30 días siguientes a su toma de posesión u omitan o falseen información sobre su patrimonio, serán penalizados con las sanciones previstas en la Ley 41-08 de Función Pública o con prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central, según sea el caso.
