LIMA. La confirmación de que Marcelo Odebrecht declaró que “con certeza” su empresa apoyó a políticos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, e incluso contrató al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, presagia un nuevo terremoto político de consecuencias aún imprevisibles en Perú.
“Con certeza apoyamos a todos. A Toledo, Alan García, Humala, a Keiko”, afirmó Odebrecht en el encuentro que tuvo en noviembre con un equipo de fiscales peruanos, en una revelación que todavía no ha mostrado su impacto real por haberse producido en medio de las celebraciones del fin de año.
En el audio y la transcripción de su declaración, publicados ayer por el portal de investigación periodística IDL-Reporteros, Odebrecht dice que el presidente Kuczynski “fue contratado como consultor económico de algunas consultorías y de presentaciones, después de ser ministro y antes de ser candidato”.
Afirma que él personalmente asistió a dos conferencias que dio Kuczynski a dirigentes de su empresa y ahí escuchó sus charlas y “que había dado esa consultoría económica”.
El gobernante no ha respondido aún a estas declaraciones, pero la semana pasada afrontó un pedido de destitución en el Congreso tras revelarse que una empresa suya había efectuado consultorías para la constructora Odebrecht entre 2004 y 2007, un período en el cual fue ministro del gobierno de Toledo (2001-2006).
Durante el debate del pedido de destitución, que finalmente fue rechazado gracias a la abstención de un grupo de congresistas fujimoristas, Kuczynski defendió su honradez y afirmó que iba a colaborar con las investigaciones del Congreso y la Fiscalía.
Al referirse a Fujimori, Odebrecht también sostuvo que le dijo a su entonces representante en Perú, Jorge Barata, “que apoye más a Keiko para hacer el mismo proceso de Venezuela”.
“Y puse lo de Venezuela (como ejemplo), porque nosotros hacíamos eso en Venezuela. La manera de evitar a la oposición era justamente atender sus necesidades en campaña. Entonces fue ese tipo de conversación”, precisó.
Keiko utilizó la red social de Twitter para responder ayer que Odebrecht “especula, muestra intenciones pero no hechos”, cuando afirma que su empresa financió su campaña electoral.
“No me conoce, ni me dio dinero”, señaló la hija mayor del indultado expresidente Alberto Fujimori antes de agregar que en las declaraciones de Odebrecht “ante la pregunta: ¿sabe si el pago fue realizado a ella? respondió contundente: no”.
Sobre el exgobernante Alan García (2006-2011), Odebrecht aseguró que en las reuniones que tenían este “siempre decía que Barata también lo apoyaba y agradecía”.
“Daba a atender que lo estábamos apoyando, y con seguridad había un apoyo a la campaña. No sé si directamente a su campaña, a la campaña de los congresistas o a su partido”, remarcó.
El empresario agregó que “las ilicitudes, dónde hubo y si hubo, quien va a poder decir eso es Jorge (Barata)”.
Alan García también recurrió a Twitter para indicar que Odebrecht no mencionó “ningún hecho concreto, coima ni aporte” que le haya entregado.
“Ellos se venden, yo no”, agregó el exgobernante antes de señalar que “lo demás es humo” en la declaración de Odebrecht, quien, según su opinión, al referirse a él solo dijo “no puedo precisar”, “no puedo decir cómo”, “no lo sé”.
“Total, Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte a Alan García”, comentó el político en Twitter, tras lo cual aseguró que “a otros” sí dijo que les entregó millones de dólares.
En Perú, el caso Odebrecht sigue el rastro de los millonarios sobornos que la compañía admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse grandes obras entre 2005 y 2014.
Este período abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura por supuestamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares; y García, incluido en las investigaciones por sobornos para la construcción del metro de Lima.
También al régimen de Ollanta Humala (2011-2016), quien ha sido encarcelado junto a su esposa, Nadine Heredia, mientras se les investiga por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.