Estados Unidos señaló ayer a Ecuador, Nicaragua, Haití y Belice entre los países que, a su juicio, no tienen la transparencia fiscal suficiente, dentro de una evaluación que hace anualmente el Departamento de Estado sobre las naciones que reciben ayuda financiera estadounidense.
Ecuador aparece este año por primera vez entre los países criticados en el informe anual de transparencia fiscal del Departamento de Estado, mientras que la República Dominicana, que figuraba en esa misma “lista negra” desde 2012, fue retirada en la presente edición.
El informe anual, publicado ayer, examina el nivel de transparencia fiscal en 140 países que reciben asistencia bilateral de Estados Unidos, un ejercicio que el Departamento de Estado ha repetido desde 2012.
Entre los países examinados y que cumplen los requisitos mínimos de transparencia fiscal según los parámetros del Departamento de Estado, están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay.
En cambio, Ecuador, Nicaragua, Haití y Belice aparecen entre los 57 países que no cumplen los mínimos en transparencia fiscal y que, además, “no están haciendo avances significativos” para lograrlo.
Ecuador aparece por primera vez en esa categoría debido en parte a que, “aunque los documentos del presupuesto estaban disponibles públicamente, no había información completa sobre las obligaciones de deuda del país, incluidos los acuerdos de intercambio de petróleo por préstamos”, indica el informe del Departamento de Estado.
Además, no había información “básica” disponible sobre la concesión de “contratos gubernamentales y licencias para la extracción de recursos naturales”, con lo que resulta “difícil evaluar si los procedimientos empleados concordaban con la ley”.
“La transparencia fiscal de Ecuador mejoraría si se publicara información completa sobre sus obligaciones de deuda y se garantizara el acceso público a la información básica sobre los contratos y licencias para la extracción de recursos naturales”, señala el documento.
En cuanto a Nicaragua, que lleva en la “lista negra” desde que comenzó a elaborarse el informe en 2012, el Departamento de Estado considera que los documentos públicos sobre el presupuesto “no proporcionaban una imagen lo suficientemente completa sobre los ingresos y gastos” del Estado.
“El Gobierno no ha informado públicamente sobre cómo gasta la significativa asistencia que recibe de Venezuela y que no se incluye en el presupuesto, y además esa asistencia no ha estado sujeta a una auditoría o una supervisión legislativa”, sostiene.
Además, “la mayoría de las empresas estatales no han sido auditadas” y “la Institución Suprema de Auditoría no ha auditado todas las declaraciones financieras del Gobierno”.
