NUEVA YORK. Un juez de la Corte Superior de Providence en Rhode Island restauró los derechos paternales del dominicano Tony González, acusado del asesinato del veterano de guerra Carl Cuningham Junior, el 22 de enero de 2012, y a quien la Corte de Familia le conculcó el derecho como padre a ver y estar con su hija de ocho años de edad, justificando la decisión con la imputación criminal y declarándolo “no apto”.
La jueza de la corte familiar, Sandra Lanni, oedenó la restricción, pero la magistrada Maureen McKenna Goldberg, dijo que los derechos familiares del dominicano no podían ser anulados y que estaba convencida de que esa decisión derivó de los cargos criminales.
La magistrada añadió que después que se anularon las evidencias por el asesinato del veterano de guerra no hay justificación ni motivo para mantener la decisión de su colega.
González, un residente en el poblado de Warwick, está a la espera de un nuevo juicio por la muerte del ex militar.
Envió la decisión a la Corte de Familia para los procedimientos adicionales rutinarios.
La jueza Lanni también alegó que González era un padre “no apto” para mantenerse al lado de su hija.
“Nuestra revisión cuidadosa del expediente nos convence de que las acusaciones penales del acusado y eventuales sentencias de prisión concomitantes están tan entrelazadas con la decisión de la Corte de Familia para la que es imposible separar las convicciones de los resultados restantes”, escribió la jueza Goldberg.
“Por lo tanto, es nuestra opinión es de que la decisión debe ser desestimada a la luz de las nuevas circunstancias. Hacemos esto, teniendo en cuenta, sin embargo, que el demandado se enfrenta a un nuevo juicio y ha estado encarcelado durante gran parte de la vida de la niña, y que el hecho circunstancial, si se establece en este caso, puede servir como una poderosa evidencia”, agrega la jueza.
El tribunal señaló que la niña estaba contenta de ver a su padre en visitas a las prisiones y que González había tomado clases para padres en la cárcel y que había escrito 65 cartas.
Al anular las evidencias contra González, el Tribunal Supremo consideró que el juez del Tribunal Superior, Bennett R. Gallo incurrió en error al suprimir la evidencia recolectada ilegalmente por la policía durante un registro sin orden judicial del apartamento de la familia en el complejo de viviendas Chad Brown.
Esa evidencia incluye la ropa que González presuntamente vestía durante el tiroteo y una pistola 9mm, supuestamente usada para asesinar al ex militar.
