Hector e Itza Ayala esperaban en una sala de conferencias de una prestigiosa escuela de artes escénicas en Houston, aferrando un documento que esperaban obligara a la administración a investigar la denuncia de su hija de 15 años de que había sufrido una agresión sexual en un aula.
Habían pasado cuatro meses desde que la menor dijo haber sido agredida por otro estudiante. La policía del distrito educativo había sido informada, pero la dirección de la escuela dijo que no podía hacer nada más para protegerla del chico, que seguía en el centro.
Frustrada, Itza, profesora en el distrito, acudió a internet en busca de ayuda y acabó en el sitio web de la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación de Estados Unidos, donde encontró su guía sobre lo que deben hacer los centros cuando un estudiante denuncia violencia sexual.
“Según leía más y más”, comentó, “pensé ‘Esto es exactamente lo que ocurrió, es exactamente lo que no están haciendo. ¡Alguien puede ayudarme!’”.
La OCR publicó en 2011 unas recomendaciones detallando que las escuelas K-12, así como centros de educación superior, deben realizar sus propias investigaciones sobre violencia sexual contra sus alumnos y tomar “medidas inmediatas” para impedirla o contrarrestar sus efectos.
Las recomendaciones provocaron una reacción en contra de los conservadores, pero también un aumento en las denuncias de violencia sexual que llegaban a la oficina. Sin embargo, no produjeron reformas generalizadas.
Criticada, falta de personal y con pocos fondos, la oficina se convirtió en víctima de su propio éxito y tiene problemas para investigar las crecientes denuncias y exigir responsabilidades a los distritos educativos. Un análisis de The Associated Press sobre los registros de la OCR determinó que sólo en torno a una de cada 10 denuncias de violencia sexual contra escuelas primarias y de secundaria derivaron en mejoras. Y casi la mitad de los casos siguen sin resolver, el de los Ayala entre ellos.
“La crítica es que hemos ido demasiado rápido. La realidad es que hemos ido demasiado despacio”, dijo Catherine Lhamon, exdirectora de la OCR. “Soy dolorosamente consciente de los chicos a los que no llegamos”.
La cláusula legal Título IX, conocida sobre todo por garantizar la igualdad de género en programas deportivos con financiamiento federal, se convirtió en la herramienta del gobierno para perseguir las agresiones sexuales en escuelas. En 2009, la oficina comenzó a documentar los casos de violencia sexual como una categoría del acoso sexual que ya monitoreaba.
Cinco años más tarde, la Casa Blanca creó un equipo de trabajo para combatir las agresiones sexuales a estudiantes y lanzó un sitio web con estrategias de prevención y consejos legales. Las escuelas investigadas por la OCR fueron identificadas de forma pública
La reacción en contra fue feroz, especialmente en las universidades. Sus críticos acusaron al Departamento de Educación de socavar los derechos de los acusados a un proceso debido y de suplantar al Congreso al supuestamente establecer nuevas leyes.
La fundación privada de la secretaria de Educación, Betsy DeVos, ha ayudado a financiar una demanda que pretende desmantelar las recomendaciones del Departamento ante las agresiones sexuales. Durante su vista de confirmación en enero, se preguntó a la multimillonaria republicana si apoyaría mantener la aplicación de las políticas actuales.
