PUNTA CANA.- República Dominicana figura entre los cuatro países de la región que han logrado más avances en la lucha por la libertad de expresión y defensa de la prensa, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Las otras tres naciones que merecieron el reconocimiento en la Reunión 72 del organismo, que se lleva a cabo en Punta Cana, son Paraguay, Argentina y Cuba.
Cuba
El informe del SIP señala que “si bien Cuba tiene todavía muchos aspectos para mejorar, se ha suavizado el tratamiento a la prensa internacional después de la normalización de las relaciones con Estados Unidos”.
Entre los logros que la SIP reconoció a República Dominicana efigura la eliminación parcial de la criminalización de la difamación en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento.
Argentina
Sobre Argentina, la SIP resaltó que la gestión que encabeza Mauricio Macri ha dejado la agresión contra la prensa independiente y eliminó la subvención de publicidad oficial para medios de comunicación relacionados o amigos del gobierno.
En Paraguay reconoció la aprobación de una Ley de Acceso a la Información.
El Salvador
La SIP también instó a las autoridades de El Salvador a que investigue con “profundidad” el ciberataque contra La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y otros medios de ese país perpetrado en julio de 2015.
Reclamó, asimismo, que se sancione “de una manera ejemplar” a los implicados y se establezcan precedentes jurídicos para que hechos como ese no se repitan.
También cree necesario mantenerse vigilante y dar seguimiento al proceso judicial abierto por el caso, “con el propósito de que estos atentados contra la libertad de expresión no queden impunes”.
México
El organismo solicitó también a México que tome las “medidas necesarias” para proteger debidamente la labor de los periodistas de ese país y detener el “derramamiento de sangre al que están sometidos esos profesionales.
En una resolución aprobada este lunes en Punta Cana, la SIP demandó la investigación “rápida y con firmeza” de los casos de violencia contra periodistas y, en particular, las “amenazas impunes” que se vierten contra ellos a través de las redes sociales
Al mismo tiempo solicitó al gobierno federal de México que asigne los recursos y el personal “necesario” para el debido funcionamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), para que “finalmente esa entidad pueda cumplir con su tarea de protección a los periodistas”.
Ecuador
La SIP solicitó al gobierno ecuatoriano que “cesen las agresiones” contra periodistas, editorialistas y medios de comunicación independientes, y denunció que en ese país se han “perdido las garantías de la libertad de expresión”.
Asimismo, rechazó las críticas del gobierno de Rafael Correa en contra de la SIP y contra del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“En Ecuador no cesa el acoso político gubernamental en las redes sociales y se han perdido las garantías de la libertad de expresión en todo los espacios y medios de comunicación del país”, manifestó.
Dijo que Correa es un “intolerante actor” que, con el poder que le otorga su condición de jefe de Estado, en sus presentaciones públicas constantemente ataca a periodistas y medios con lo que peligrosamente se ha degradado la libertad de opinión, de prensa y de expresión” en ese país”.
Indicó que el mandatario ecuatoriano “mantiene una constante campaña para silenciar y desprestigiar a los medios de comunicación independientes y para criminalizar la protesta social”.
Afirmó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la SIP son blancos de las críticas presidenciales por acoger pedidos de agrupaciones sociales ecuatorianas.
Bolivia
El organismo solicitó al gobierno boliviano que “derogue y/o modifique” la norma que “amenaza” el funcionamiento de más de medio millar de radioemisoras y la consiguiente pérdida de más de 2.500 fuentes de trabajo.
Recordó que en 2011 el gobierno de ese país aprobó una Ley General de Telecomunicaciones que dispone una nueva distribución del espectro radial.
Dijo que esa ley “disminuye” la participación de las radiodifusoras comerciales a un 33 por ciento y reserva el 67 por ciento restante para el Estado, las comunidades interculturales y los pueblos indígenas, “mientras medio millar de radios enfrentan la burocracia estatal buscando la renovación de sus licencias, bajo la amenaza de su silenciamiento”.
Pidió al presidente Evo Morales que “no vulnere el derecho a la comunicación y la información, consagrado en el artículo 106 de la Constitución de Bolivía, dejando a un lado las propuestas antidemocráticas de controlar y regular las redes sociales”.
También solicitó al Parlamento boliviano que apruebe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el conocimiento de determinados hechos de interés público.
Instó al gobierno de Morales a que suspenda la publicación gratuita y obligatoria de sus campañas y mensajes en los medios de comunicación independientes, “porque resultan gravosas para sus deterioradas economías”.
