República Dominicana despide 2015 con una reforma constitucional que reintrodujo la reelección presidencial consecutiva, una crisis migratoria y comercial con Haití, manchas de corrupción en la Justicia y la continuidad de la estabilidad económica.
Aunque fue a mediados de junio pasado cuando el Congreso Nacional (bicameral) dominicano convertido en Asamblea Nacional Revisora aprobó modificar la Constitución para reintroducir la reelección presidencial, la decisión se tomó en abril último cuando así lo decidió el comité político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Ese poderoso comité votó a favor de la reelección, reafirmando la influencia que sobre esa instancia tiene el presidente dominicano, Danilo Medina, quien desplazó del liderazgo oficialista al exmandatario del país Leonel Fernández, quien, junto a sus partidarios, se oponía a la modificación.
Tras un abierto enfrentamiento entre ambos bandos, que pareció encaminar al PLD al borde de la división, Fernández finalmente cedió en su posición y apoyó la reelección presidencial, aunque a cambio exigió una serie de acuerdos internos, entre los cuales resalta introducirle a la propia Constitución mecanismos que la “blindaran” de ulteriores modificaciones.
Con Medina como favorito para reelegirse en los comicios generales de mayo de 2016, el PLD deberá de todos modos sortear el obstáculo que supone la candidatura de Luis Abinader, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Abinader, que por primera vez va por la Presidencia, despide el año aglutinando a su alrededor a los descontentos con la gestión de Medina, que ha respondido estos meses con una activación de su proselitismo y defendido sus proyectos de construcción de escuelas, viviendas, impulso al turismo, creación de casi 400.000 empleos y su buque-insignia: las visitas sorpresa dominicales que realiza a zonas agrícolas.
Este año el país también ha visto un deterioro en las relaciones con Haití, un “incómodo” vecino a cuyas debilidades institucionales se atribuyen los constantes altibajos en áreas como la migración y la economía, dos de los puntos fundamentales motivo de enfrentamiento entre los dos países.
La República Dominicana vivió una crisis migratoria con Haití tras finalizar este año el plazo de presentación al Plan de Regularización, que incluso arrastró al embajador en el país, Daniel Supplice, quien fue acusado por Puerto Príncipe de no defender lo suficiente a su país.
Al Plan de Regularización se sumaron más de 288.000 personas, la mayoría de ellos haitianos.
El Plan Nacional de Regularización dominicano ha despertado las críticas, entre otros, del Gobierno haitiano, que ha denunciado en foros internacionales la supuesta deportación de haitianos no regularizados, algunos de ellos nacidos en la República Dominicana, acusaciones negadas reiteradamente desde Santo Domingo.
Pero la crisis en 2015 con Haití también se ha trasladado al terreno comercial.
Las autoridades haitianas, además, han prohibido la importación por vía terrestre de 23 productos dominicanos, causando protestas a ambos lados de la frontera, y la merma en los ingresos en dólares de República Dominicana, dado que Haití es su segundo socio comercial.
En estas semanas finales de 2015 la justicia dominicana está en el ojo del huracán; al menos cinco jueces han sido suspendidos por supuestamente formar parte de una red dedicada a dictar sentencias a cambio de dinero u otros bienes.
El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, reveló recientemente que una juez de este grupo le confesó haberse corrompido.
Muchos en el país caribeño esperan que esa confesión destape una “olla de grillos” suficiente como para aplicar una reforma completa al Poder Judicial dominicano.
