La apertura de las vistas públicas al proyecto legislativo de “Transformación Fiscal” o reforma fiscal depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional, ha generado centenares de observaciones de parte de la sociedad que acudió al llamado de los diputados.
Desde primeras horas de la mañana, diversas personas del ámbito empresarial y social han acudido al llamado realizado por la comisión de Hacienda, quien debe estudiar lo contenido en el documento.
No obstante, sin dejar a un lado las propuestas de modificación compartidas por diversos sectores, los exponentes utilizaron su turno a la palabra para destacar el rechazo que siente ante la visión tributaria plasmada por el Gobierno dominicano, destacando la falta de consenso con la que fue preparada.
Las vistas públicas transcurren mientras en las afueras del Congreso Nacional decenas de personas se reunieron para pedir el retiro total de la propuesta.
Fiduciarias y constructores
El representante de la Asociación de Fiduciarias Dominicana (Asofidom), Crhistian Molina, aseguró que lo planteado con esta reforma afecta a este sector y busca acabar con la comercialización de las viviendas en el territorio nacional.
Entiende que el enfoque de los tributos no debería afectar a las fiduciarias para continuar con el desarrollo del país.
Molina aseguró que se entregaron a finales del año pasado más de 5,000 hogares por medio de proyectos elaborados junto a una fiduciaria, lo que generó un flujo de 170 mil millones de pesos en préstamos para el sistema bancario.
“Esto afecta la vivienda porque amenaza que 6 de cada 10 dominicanos se queden sin acceso a su primer. Un retroceso de décadas en la compra de viviendas accesibles”, manifestó.
Además, expresó que estos impuestos violarían un derecho tan importante para todos los ciudadanos, como lo dictan la Constitución y las leyes.
Mientras que Annerys Meléndez, representante de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), coincidió con esta posición, detallando las falencias que significan los tributos.
Meléndez estableció que la eliminación de las tasas diferenciadas a los fideicomisos de casas causaría un aumento de 12.5% para los consumidores.
También, teniendo en cuenta que de ser agravada la materia prima utilizada por los constructores, las edificaciones continuarán elevando a un más su costo.
Por igual, los precios de alquileres no disminuirían porque las casas de este tipo entrarán en una etapa de escasez.
Con la eliminación de las exenciones y la reducción de nueve a cinco millones de pesos el pago de Impuesto Patrimonio Inmobiliario (IPI), aproximadamente sería el 59% de los hogares de bajo costo que saldrían de esta clasificación. Disminuyendo en 57 mil millones de pesos lo aportado por el sector.
Protección al cine
Por otro lado el presidente Asociación Nacional Dominicana de Cine (Adocine), Hans García, recordó esa industria está conformada en la actualidad por 135 empresas que pagan impuestos, generan empleos y hacen inversiones millonarias.
Según explicó, son 1,200 estudiantes, muchos provenientes de las provincias del interior, los que pertenecen a la industria cinematográfica, que aporta 25,000 empleos.
Hans defendió los incentivos fiscales que recibe el cine, por medio de la Ley 108-10, destacando otros beneficios que simboliza para el Estado.
“El 55% de quienes ocupan los puestos son las mujeres. El cine lo hacen las mujeres”, apuntó.
Resaltó que el 85% de los gastos, registrados al producir una película, están limitados en la subcontratación de pequeñas y medianas empresas del comercio local, utilizando más de 200,000 habitaciones de hoteles.
“Compramos más de 1,400 millones en combustible y vehículo de alquileres en todo el país”, apuntó.
Hans reconoció que es necesaria una readecuación de la ley. Pero, pidió no lacerar el desarrollo económico de los cineastas.
Ejes centrales
Además de estas, diversas entidades presentaron su posición ante el pleno de los congresistas de la cámara baja.
Estas son el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Colegio Médico Dominicano (CMD), sector textil, asociaciones de detallistas, organizaciones políticas, entre otras.
Además de no alterar las exenciones, los planteamientos de los voceros sociales y empresariales parecían estar unificadas, como el aumento del salario mínimo, reducción de la nómina pública, disminución de la pérdida en energía eléctrica, reducción de la publicidad gubernamental y la nómina pública, fiscalización a los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
Igualmente proteger a los alimentos y productos que conforman la canasta básica familiar de los impuestos.
Asimismo, consideraron como necesaria ampliar la ejecución de fiscalización y reducir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) para garantizar una mayor mitigación a la evasión de impuestos. El Itbis pasará a llamarse Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Por otro lado, representantes de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA) pidieron cuidar y fomentar los ahorros, teniendo en cuenta que existen artículos en el documento legislativo que afectarán al sistema bancario, incluyendo a las transferencias digitales.
“Reforma fiscal inconstitucional”
Por otro lado, el activista político Carlos Peña mostró su preocupación con lo planteado en la propuesta del Poder Ejecutivo, asegurando una supuesta ilegalidad.
Peña dijo que viola el artículo 251 de la Constitución, donde establece la creación el Consejo Económico Social (CES).
“Si la aprueban sería caer en un acto de inconstitucional. Es por eso que llegaríamos una instancia al TC para declarar la reforma fiscal como Inconstitucional”, subrayó.
Peña aseguró que el Gobierno del presidente Luis Abinader superó, durante su primer cuatrienio en 2020-2024, la deuda obtenida en más de 700 años con la adquisición de 45 mil millones de dólares en préstamos.
“Planteamos no modificación ni revisión de nada, pedimos plenamente el retiro del proyecto”, acotó.
De manera similar la excandidata presidencial por el partido Opción Democrática (OD), Virginia Antares, también acudió a este mecanismo de participación ciudadana para calificar de injusta la pieza entregada por el Ministerio de Hacienda.
