“Lo que ha hecho el Gobierno es validar un robo. Es una decisión totalmente desafortunada, con vicios de ilegalidad y que es un precedente nefasto para un concepto del que se quiere hablar aquí, la seguridad jurídica”, aseveró el biólogo Luis Carvajal sobre el anuncio hecho hoy por la Presidencia en relación a la explotación turística de Bahía de las Águilas.
Carvajal dijo que son tantas las irregularidades detectadas y confesas por los involucrados en el caso de Bahía de las Águilas, que lo único que puede explicar por qué el Gobierno cede a la presión, es el poder económico del lobby que está interactuando.
“El hecho de que personas muy influyentes tengan interés de invertir en la zona es lo único que puede explicar, primero, el que se pase por encima de decisiones judiciales; segundo, que se ignore la Constitución, la Ley 64-2000 y la Ley 202-2004”, señaló.
Indicó que las tres -Constitución, Ley de Áreas Protegidas y ley ambiental- establecen de manera muy concreta el carácter inalienable, intransferible y el tipo de cosas que puede haber en terrenos de áreas protegidas.
Agregó que las parcelas a las que se refiere el Gobierno, cuando dice que desarrollará proyectos turísticos en el Sur, están dentro del parque Jaragua, e insistió en que no sabe cómo las autoridades pueden decir que no se tocarán los terrenos.
Carvajal rechazó la decisión del Gobierno de explotar turísticamente la zona y otorgar un 45 por ciento de los valores generados de la inversión a personas cuya propiedad sobre los terrenos es cuestionada.
El biólogo reiteró que es inadmisible y que además está expresando una visión corta, carente de claridad entorno a lo que es desarrollar una zona, porque mucha gente ha terminado confundiendo desarrollar con apropiarse.
“La incorporación a los flujos económicos de toda la reserva de la biósfera Jaragua-Enriquillo, de la cual forma parte el Parque Nacional Jaragua y Bahía de las Águilas implica hacer inversiones conjuntas fuera de la zona del área protegida, donde no hay ningún tipo de conflicto: en la Sabana de Sansón, Cabo Viejo, al sur y al oeste de La Cueva de Abajo, donde la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Academia de Ciencias, el Grupo Jaragua y otras entidades han propuesto un modelo integral de desarrollo, que es mucho menos oneroso en término de costos para el Estado y que no viola la Ley de Monopolio”, explicó Carvajal.
En entrevista exclusiva para el Periódico HOY digital, dijo que lo único que puede explicar esta decisión es el poder económico que está interactuando en esta litis.
Sostuvo las personas que plantearon aceptar ese robo (refiriéndose a los terrenos en las cercanías de Bahía de las Águilas) fueron los políticos, a quienes también acusó de perdonar judicialmente a los supuestos propietarios.
Manifestó que el movimiento ambientalista dará todos los pasos necesarios para enfrentar la decisión del Gobierno en los planos legal y de la denuncia pública a nivel nacional e internacional.
“Hemos de hacerle saber al mundo que en República Dominicana, nuestro Gobierno negocia con delincuentes y cede parte de los recursos del Estado para compensar a delincuentes, desistiendo incluso de iniciativas legales en las cuales el propio Gobierno ha triunfado. Y lo hace poniendo la excusa de un desarrollo que jamás se logrará por esa vía”, dijo.
