El gobierno dominicano suscribió hoy un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US$249.6 millones para ejecutar la Fase III del Proyecto Múltiple de la Presa de Monte Grande.
El convenio fue firmado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, en representación del Estado dominicano, y Alejandro Rodríguez Zamora, vicepresidente ejecutivo del BCIE, entidad que promueve la integración y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana.
El préstamo facilitará los recursos financieros para finalizar la construcción de la presa de Monte Grande en la provincia de Barahona, con múltiples beneficios para la población vulnerable residente en la región Enriquillo, que ha reclamado por décadas la disponibilidad de agua potable para el riego de las tierras que habitan a fin de poder incorporarse a una vida plenamente productiva.
El Proyecto Múltiple de la Presa Monte Grande “Fase III” garantizará la irrigación de 400 mil nuevas tareas de tierra y mejorará la producción agrícola de otras 305 mil tareas a través del riego por goteo y tubería.
Monte Grande está destinada a aumentar el acceso al agua potable, controlar las inundaciones, así como preparar las condiciones para la generación de energía eléctrica, el desarrollo de la producción acuícola, el incentivo al deporte acuático y el fomento del turismo.
Asimismo, la obra contempla generar más de 2,500 empleos directos durante el proceso de construcción de la presa; 12,500 nuevos empleos permanentes en la actividad agrícola en las zonas bajo riego y posibilitará la creación de más de 1,500 empleos indirectos en actividades no agrícolas. El proyecto será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI) en un plazo de 36 meses.
Aunque el Congreso Nacional había aprobado mediante la Resolución No. 135-13, de fecha 16 de septiembre del 2013, un financiamiento para este proyecto firmado con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) en julio de 2013, el préstamo no fue declarado en efectividad por el banco.
No obstante, debido a la relevancia que tiene la obra de infraestructura y el amplio apoyo de la población dominicana para ejecutarla, a finales del año 2016 el presidente Danilo Medina ordenó la identificación de una nueva fuente de financiamiento.
La tasa de interés será Libor 6 meses más un margen fijo de 2.20%. La comisión de compromiso es de 0.25% del monto pendiente por desembolsar, pagadera cada seis meses. Adicionalmente, se acordó una comisión de administración y seguimiento de 0.25% del monto contratado, y una comisión de estructuración de 0.75% del monto contratado, ambas pagaderas una única vez luego de la entrada en efectividad del Contrato. El plazo de repago es de 13 años.
En general, las condiciones financieras acordadas con el BCIE resultaron ser más favorable que las previamente acordadas con el BNDES, debido principalmente al desempeño macroeconómico y fiscal de la República Dominicana.
Durante la firma del convenio también estuvieron presentes: Olgo Fernández, director del INDHRI y los senadores: Eddy Fernando Mateo, de Barahona y Manuel Antonio Paula, de Bahoruco, así como la directora por República Dominicana del BCIE, Clara Quiñones y Rodrigo Vargas, director general de Andrade Gutierrez en República Dominicana.
El Poder Ejecutivo enviará el contrato de préstamo al Congreso Nacional para su revisión y aprobación, conforme a la legislación dominicana aplicable.
Desde el año 2010, el BCIE ha hecho notables contribuciones con el fortalecimiento del desarrollo social, la competitividad y la integración regional de la República Dominicana. En el período 2010-2014, el organismo multilateral aprobó operaciones por US$230.2 millones, recursos que permitieron aumentar la capacidad de generación de energía renovable y el mejoramiento de las vías de transporte, facilitando la conectividad de las actividades comerciales y turísticas.
A partir del 2015 hasta el 2019, la propuesta de apoyo del BCIE ha estado enfocada en intervenciones que contribuyan a la sostenibilidad del crecimiento económico y al fortalecimiento de los aspectos de inclusión social, con sostenibilidad ambiental.
