Bogotá, 27 sep (EFE).- El Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe se conmemorará mañana con diversas actividades en una región donde se concentra la mayor parte de los países donde está totalmente prohibido.
Siete de los nueve países del mundo donde ni siquiera cuando la vida de la madre está en peligro está permitido el aborto son latinoamericanos o caribeños: Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam.
Pero, además las organizaciones que apoyan la campaña del 28 de septiembre, que son más de 600, señalan que en los países de la región donde la interrupción del embarazo está permitida en algunas circunstancias, “las autoridades no garantizan su acceso de forma segura, gratuita y libre de estigma”.
Los dos países más liberales de América Latina en materia de interrupción voluntaria del embarazo son Cuba y Uruguay.
Se estima que cada año 46 millones de mujeres alrededor del mundo recurren al aborto inducido para terminar con un embarazo no deseado y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número anual de abortos inducidos en América Latina y el Caribe puede ser de unos 4,2 millones.
La mortalidad materna es tres veces más alta en países con leyes restrictivas de aborto, según la OMS.
Actualmente el 62 % de la población mundial vive en 55 países donde el aborto inducido está permitido, mientras que el 25 % vive en países que lo prohíben y penalizan, según la campaña del día internacional.
Amnistía Internacional (AI), en un comunicado publicado el viernes con motivo de este día internacional creado en 1990, señala que la región “navega a contracorriente en relación a la legislación sobre el derecho al aborto”.
De acuerdo con AI, el caso de El Salvador es uno de los más graves, pues la prohibición causa “la muerte de cientos de mujeres cada año al someterse a abortos clandestinos, y criminaliza a las mujeres que se enfrentan a largas penas de cárcel”.
En el informe “Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador”, publicado esta semana, AI dice que este país tiene desde 1998 “una de las leyes sobre el aborto más restrictivas del mundo”.
Entre otros aspectos, el informe señala que en El Salvador “las mujeres y las niñas declaradas culpables de abortar pueden ser condenadas a entre dos y ocho años de cárcel”, y “los profesionales de la salud que las ayuden pueden ser condenados a hasta 12 años de cárcel”.
Entre 2000 y 2011 al menos 129 mujeres salvadoreñas fueron acusadas de aborto, de las cuales 29 están encarceladas, según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico.
En Nicaragua, “la mayoría de las víctimas de violencia sexual son menores de 17 años, mayoritariamente niñas de entre 10 y 14 años, que se quedan embarazadas a causa de una violación y tienen que llevar a término el embarazo o someterse a un aborto ilegal y no seguro, corriendo el riesgo de ser encarceladas si las descubren”, dice Amnistía Internacional.
Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, otro de los países prohibicionistas a ultranza, se ha comprometido expresamente a promover la despenalización del aborto en casos de peligro para la vida de la mujer, violación o inviabilidad del feto.
“Valoramos que en Chile se haya iniciado un debate para despenalizar el aborto en los casos de violación e incesto, peligro de vida o anormalidad fetal grave, sin embargo sería conveniente ir más allá”, dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile.
En Colombia, donde se permite la interrupción del embarazo en los tres supuestos más comunes, el aborto clandestino es una práctica que se mantiene, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres, señaló la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres con motivo del 28 de septiembre.
La Mesa reprodujo datos del informe “Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia”, del Instituto Guttmacher, que señala que cerca del “44 % de los embarazos no planeados en Colombia termina en un aborto inducido. Esto se traduce en unos 400.400 abortos inducidos cada año”.
De la cifra mencionada solamente 322 (0,8%) fueron Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) practicadas en instituciones de salud dado que cumplieron con uno de los tres criterios legales establecidos.
Entre otras peticiones, la Mesa pide “tomar medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia en hospitales públicos sea un obstáculo o ponga en peligro la salud y la vida de las mujeres”.
Al respecto Amnistía Internacional dice que incluso en los países de la región “que tienen leyes más o menos restrictivas, la falta de regulación del aborto no punible hace que haya un permanente manto de dudas sobre la legalidad de esta práctica y un estigma contra quienes buscan y practican estos abortos permitidos por ley”.
Como ejemplo menciona a Argentina, donde “si bien un fallo de la Suprema Corte de Justicia aclaró las excepciones a la criminalización del aborto y sus requisitos en 2012, muchas jurisdicciones provinciales siguen sin aplicarlo”.
“En Perú, tras 90 años de haberse despenalizado el aborto terapéutico, en julio de este año se aprobó un protocolo para regularlo, pero sigue sin tener regulados los casos de aborto por violación o por riesgos a la salud psicológica de la mujer”, agrega.
La decisión de crear el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe fue tomada por organizaciones feministas de la región en una reunión celebrada en San Bernardo (Argentina) en 1990. EFE
