BARCELONA. El gobierno español anunció el sábado un plan sin precedentes para destituir a las autoridades separatistas de Cataluña, instalar a su propia gente en su lugar y convocar a elecciones, valiéndose de poderes constitucionales jamás utilizados para controlar a la próspera región que amenaza con independizarse.
El presidente catalán Carles Puigdemont respondió con una amenaza velada de independencia, diciéndoles a los legisladores locales que presenten un plan para contrarrestar el “intento de liquidar nuestro autogobierno” por parte de España.
Incluso los catalanes moderados se horrorizaron ante la amplitud de la medida y protestaron contra el anuncio del presidente del gobierno Mariano Rajoy con golpes de cacerolas y bocinazos de vehículos en las calles de Barcelona, la capital regional.
En un discurso televisado el sábado por la noche, Puigdemont describió los planes de Rajoy de reemplazarlo a él y a su gabinete como “la humillación que pretende el gobierno español” y un “ataque a la democracia”.
Pugdemont se refirió a la medida de Rajoy como “el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco aboliendo la Generalitat de Cataluña” en 1939.
La alcaldesa Ada Colau, que se opone a la independencia sin un referendo válido con garantías fundamentales, calificó la medida de “ataque grave” a la autonomía catalana. Otros también expresaron su rechazo. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, acusó a las autoridades centrales españolas de perpetrar un golpe de estado.
“Mariano Rajoy ha anunciado un golpe de estado de facto con el objetivo de derrocar a un gobierno democráticamente elegido”, declaró Forcadell, quien describió la medida como “un golpe autoritario al interior de un miembro de la Unión Europea”.
Tras una sesión especial del Consejo de Ministros para frenar el movimiento independentista en Cataluña, Rajoy dijo que pedirá al Senado autorización para que ministros del gobierno central asuman las funciones del gobierno catalán, lo que incluye el control de la policía, las finanzas y los medios de prensa públicos.
Rajoy también pretende solicitar a la cámara alta que apruebe otorgarle la autoridad para convocar a elecciones regionales, algo que por el momento solo puede hacer el presidente catalán.
El vicepresidente del Senado, el conservador Pedro Sanz, dijo que las medidas serán sometidas a votación en una sesión del viernes próximo. Sanz señaló a la prensa que una comisión especial de 27 senadores efectuará el martes una primera evaluación de las medidas. Dijo que Puigdemont puede apelarlas compareciendo ante la comisión el jueves antes del mediodía o mediante un enviado.
El Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta en el Senado y se espera que reciba amplio apoyo de la oposición para las medidas encaminadas a proteger la unidad española.
En su reacción, manifestantes envueltos en banderas catalanas de rojo y amarillo inundaron el sábado las calles del centro de Barcelona y exhibían carteles en los que pedían libertad.
Unas 450.000 personas se unieron a la protesta en la capital catalana, según la policía, mientras que un grupo anti secesión dijo que la cifra fue de 85.000. Originalmente la marcha había sido convocada para protestar contra la detención de dos prominentes líderes pro independencia que podrían enfrentar cargos de sedición, pero se convirtió en una protesta contra la decisión de Rajoy.
“Estamos aquí porque el gobierno español perpetró un golpe de estado sin armas contra el pueblo catalán y sus instituciones de gobierno”, declaró Joan Portet, una manifestante de 58 años.
Rajoy dijo que aplicará el artículo 155 de la Constitución para “restaurar la normalidad” en el país, que enfrenta su crisis institucional más grave en décadas. Dijo que debería realizarse una nueva elección en Cataluña en los próximos seis meses.
“Aplicamos el artículo 155, porque ningún gobierno, ningún gobierno, de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley”, afirmó.
El gobernante señaló que desea convocar a elecciones tan pronto como se reestablezca la normalidad en Cataluña.
El artículo 155 permite a las autoridades centrales intervenir si alguna de las 17 regiones autónomas de España incumple con la ley. Jamás se ha aplicado desde que fue aprobada la Constitución de 1978.
